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> Entrevista a Antonio Gustavo Gómez

Desde su fiscalía General, con jurisdicción en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, investiga la contaminación ambiental generada por La Alumbrera desde 2001. En 2008, la Cámara Federal de Tucumán procesó al vicepresidente ejecutivo de la empresa Julián Rooney, pero la Cámara de Casación Penal anuló luego la medida. El 28 de marzo pasado, Gómez presentó ante la Corte Interamericana de DDHH la queja por denegación de la causa que lleva 12 años esperando ser atendida y denunció la criminalización de la protesta y la represión contra asambleístas en distintas localidades del país.

¿Cómo es enfrentarse a la principal mina a cielo abierto de Argentina?

Es muy complicado investigar delitos que involucran a sectores de poder económico y poder político. Puntualmente, lo que sucede con la megaminería, es que hay que entender que en el mundo de hoy, hacer dinero es sinónimo de contaminación ambiental. Si puedo contaminar puedo ganar mucho dinero, porque ahorro mucha plata. Y con ese dinero puedo comprar impunidad.
Las grandes empresas multinacionales conocen muy bien esa fórmula. Por eso en la década del `90 se dictaron una serie de leyes que facilitaron la contaminación. Lo único que se les escapó fue que en la ley 24.151, que establece dos artículos penales (que son los que nosotros utilizamos para aplicárselos a La Alumbrera), marcan como delito ambiental la contaminación con residuos.

¿Qué derroteros debió atravesar la causa donde se llegó a fallar contra el propio titular de La Alumbrera?

En un primer momento fue cerrada por falta de mérito por un juez federal que luego fue echado por el Consejo de la Magistratura y procesado penalmente por corrupción. Después del intento de cerrarla, viene la apelación a la Cámara Federal que, en un fallo histórico, procesa al director de La Alumbrera, Julián Rooney. Ese procesamiento no es un éxito mío, sino un éxito de la sociedad organizada que durante años golpeó la puerta de los despachos para llevar adelante la causa.
La Cámara de Casación penal declara la nulidad del procesamiento y ordena a un juez federal que siga investigando. Allí no se moviliza ningún expediente. Así fue que tuvimos que pedir una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue concedida el 28 de marzo pasado y donde me presenté reclamando que se preste atención a dos puntos: primero la denegación de justicia por parte de los jueces federales que en la causa de contaminación, y específicamente en la Alumbrera –una causa de más de 12 años en trámite- no tiene ningún tipo de respuesta, ni positiva, ni negativa. Y segundo la criminalización de los asambleístas que, ante la pasividad de los jueces, empezaron a hacer y a tomar reclamos públicos en las rutas y en las calles. Esa criminalización tiene dos aristas importantes que son la Ley Antiterrorista y el Proyecto X.

Cuando el gobierno Nacional promovió la Ley Antiterrorista, aseguraba que no se iba a aplicar sobre manifestaciones sociales, ¿Cuál es la situación en el plano real de lo que pasa con la ley y con las lecturas que hace cada juez?

La Ley Antiterrorista implica que el solo hecho de pertenecer a una organización de manera informal, que sostenga la posición de una idea a través de una manifestación, lo hace a uno terrorista. Y eso es un peligro extremo dentro de la ley, y si bien es cierto que estamos en un gobierno democrático, no sabemos que puede pasar en otro momento.

¿Qué siente cuando funcionarios provinciales y nacionales, sostienen que los asambleístas no tienen fundamentos científicos ni técnicos para decir que la Alumbrera contamina?

Bueno, siento que mienten y que intentan deslegitimar el reclamo de los pueblos. Necesariamente para poder contaminar, de la manera en que se pueda hacer negocios efectivos, deben construir un mundo irreal que pueda ser fácilmente vendido. Eso es lo que se aprende con el correr de las causas penales.
Minera La Alumbrera, por ejemplo, presentó informes químicos propios donde se menciona al cianuro. Esos documentos están en la causa, y sin embargo, la gobernadora de Catamarca, Corpacci, ha dicho que “Alumbrera nunca usó cianuro”.
Yo puedo decir que sí tiran cianuro y porque lo dice la misma empresa en un informe de impacto ambiental, presentado en junio de 2006, cuyo análisis fue realizado por el Instituto Nacional del Agua (INA).