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El Estado no garantiza la asistencia a los menores de edad que se vuelven adictos por la influencia de las mafias policiales locales y, además, persigue a los hombres libres en su privacidad. Crónica de una historia sin fin, que debe terminar .

Estoy en la Costa Atlántica sentado con mi mujer junto a la playa en un parque. Disfrutamos de un cigarrillo en algún barrio periférico de alguna ciudad bonaerense. Podría ser cualquier parte del país, pues el patrón se repite. Cincuenta metros a nuestra derecha, la Brigada de Investigaciones local detiene injustificadamente a diez jóvenes que tomaban unas botellas de cerveza apostados junto al mar. También a nuestra derecha, casi al lado, conversa otro grupo de personas que no superan los 22 años. Hablan por teléfono y procuran conseguir marihuana. Hace calor, mucho calor, y agosto se escapa en la humedad que prepara a la tormenta sobre las olas frescas.

Una madre soltera de González Catán con su bebé en brazos se levanta y camina hasta una motocicleta de los agentes policiales mientras le ponen las esposas a un sospechoso. Sienta al niño, de apenas meses, en el vehículo. Luego saca su celular y dispara una fotografía. El pequeño ríe. Luego, los milicos se van de la plaza. Visten de civil sin identificación y portan armas largas. La ranchada se burla del operativo en silencio. Pocos minutos después, tres vendedores de droga salen de entre la multitud deseosa de verano, y dejan el parque escondidos tras la capucha de la campera y su gorra New Era de visera plana. Uno de los ranchos busca su encuentro.

-¿Hay?

-Nada – y siguen su camino a paso rápido. Uno de los transas se da vuelta y mira a la gente.

-Nos andan buscando.

Y la madre soltera oriunda de González Catán, ahora repatriada en la Costa, ríe de nuevo. Y entre sus deberes de mujer a los 18 años recuerda que quiere orinar.

-Voy al baño, tomá – dice, mientras deja al niño de apenas cinco o seis meses en los brazos de una amiga adolescente. Camina con la certeza del mundo destruido y del mundo por construir. Cuando la niña se ha ido, uno de los adolescentes del grupo toma al bebé.

Lo alza y lo mira a los ojos y empieza a hablar casi gritando: “Co – ca – ína – Ma – ri – huana – De – lin – cuencia”.

El niño ríe. Y el joven repite: “Ro – bo – Dro – ga”.

El niño ríe. Y sus mocos cuelgan. Se los limpian con un pedazo de trapo que estaba tirado en el piso. Le hablan.

La madre vuelve del baño. Los ojos del pequeño están desorbitados. La ranchada excitada. También llegó la droga. Prenden dos porros que van de mano en mano. Llega más gente. Hablan despreocupadamente. Son 7 porros, que en la provincia de Misiones, cerca del Paraguay, valen no más de diez pesos argentinos. Ellos acaban de pagar 120 pesos. Pagaron 11 veces el precio de la estafa. Cuentan la movida. Hablan del nuevo transa en el barrio, que curiosamente se maneja con vagabundos para evitar ser descubierto y pagarle una tajada a la policía local. Los jóvenes ríen de la estrategia.

Para comprarle a ese hombre, deben hablar con los borrachos de las esquinas. Los fisuras conocen el número de teléfono del vendedor y cenan la comida que les ofrece religiosamente Cáritas.

A cambio de dos cigarros de marihuana, los indigentes van a un locutorio, contactan y citan. Reciben al transa. Al cabo de tres o cuatro transacciones con la misma persona, el transa obliga al vagabundo a que lo contacte con el cliente. Allí, el indigente sale de la movida hasta que consiga otro nuevo comprador.

Los jóvenes ríen de la estrategia, pero ignoran que la legislación argentina sobre las drogas no es modificada por un sólo motivo: el kirchnerismo desea perpetuar en el tiempo la zona gris comercial regenteada por las mafias policiales y políticas que manejan el tráfico. De otra forma no puede explicarse que, aún, no avance en el Congreso un proyecto de legalización.

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