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El año pasado hubo un asesinato cada dos días en Rosario. Este dato tiene un correlato directo con las disputas de las bandas narcos que nutren los para avalancha de Central y de Newells, así como las comisarías y los despachos. La trama histórica y el camino de la droga en Argentina, con un punto de partida en la ciudad-puerto.          

> Por Sofía Alberti  y María Petraccaro

La Barcelona Argentina. La ciudad del Río. La de las chicas más lindas. La ciudad rebelde y combativa. Todas estas han sido maneras de llamar a Rosario, la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe. Pero, desde inicios de 2012, un nuevo y poco feliz apodo la nombra: la narcociudad, parte de la narcoprovincia que dirige el narcosocialismo.

Esta seguidilla de chicanas es más el producto de la disputa partidaria de los gobiernos locales con el nacional, que el fruto de un análisis concreto de una realidad que excede geográficamente a la provincia ribereña. Sin embargo, tiene fundamentos reales: la proliferación de los llamado búnkers -construcciones  pequeñas que ofician de lugar de venta de drogas, precarias, celosamente cerradas y con un pequeño orificio que hace de Emostradorm a la calle- y las disputas intestinas entre las bandas narcos que nutrieron el gran incremento de la tasa de homicidios dolosos en el departamento Rosario. Mientras el 2012 cerró con 184 asesinatos intencionales, en el séptimo mes del año 2013 ya suman 134. La mayoría de ellos ejecutados con violencia inusitada, con mecánicas similares, donde hay incluso actores y tramas que se repiten. La situación puso en momentos de extrema tensión al gobierno provincial, que hoy tiene a su ex Jefe de Policía, Hugo Tognolli, entre el personal policial preso por vínculos con el narcotráfico.

Pero, ¿qué pasa en realidad en Rosario? ¿Es un fenómeno ajeno o distinto a lo que sucede en otras zonas del país? ¿Cuál es la trama histórica de este emergente?

¡ES LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO!

Carlos Del Frade es periodista, investigador y autor del libro Ciudad Blanca, Crónica Negra (2000), donde recorre la historia del narcotráfico en el Gran Rosario. Para él, la expansión narco en nuestro país tiene su raíz en la creación de la DEA (Drug Enforcement Administration, la oficina de drogas de los Estados Unidos) en 1973 por parte del presidente norteamericano Richard Nixon. Esta repartición se abocó al diseño de una política antinarcóticos, en América Latina muy vinculada al control social de las organizaciones sociales y al rol de la juventud. “A fines de la década del 80, la DEA se plantea el control del mercado estadounidense, que tiene 36 millones de consumidores. Entonces, la mejor manera es hacer el negocio que hasta ese momento hacían los colombianos”, explicó Del Frade. En 1992, la DEA ya manejaba el tráfico de estupefacientes y necesitaba darle salida hacia Europa. Argentina, en tanto segundo productor mundial de éter -producto que convierte la pasta base de coca en cocaína- después de Estados Unidos, fue el sitio elegido desde los 90 como plataforma de exportación “por decisión estratégica, política, económica y militar de la DEA”, definió.

Actualmente, midiendo consumidores por cantidad de habitantes, nuestro país es el principal consumidor de cocaína de América y el tercer exportador de esta sustancia a Europa. Los datos surgen de los informes mundiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en los que se tomó en cuenta la captura de drogas entre 2001 y 2012. Dichas evaluaciones fueron efectuadas por las autoridades de cada país, en las que se hizo reiterada referencia a Argentina como despachante de cargamentos de cocaína. La ONU alertó además sobre la falta de información oficial sobre secuestro de drogas por parte de Argentina durante 2010 y 2011.

Curiosamente el informe aseguró que en 2009 el gobierno nacional envió a la ONU la información sobre la captura de 12.643kg de cocaína, una cifra récord. Luego de ese año no sólo hubo un déficit en materia de provisión de información al organismo internacional. A la vez, no se publicaron más las estadísticas en materia de criminalidad, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, esencial para el estudio y la acción contra los delitos complejos. Y, además, desde la partida de Rafael Bielsa de la dirección de la SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) el 20 de marzo pasado, su cargo está vacante.

Por su larga trayectoria y la profundidad de sus análisis, el periodista y director de la sección Policiales del diario La Capital, Hernán Lascano, es un referente en materia de seguimiento de la problemática delictiva. Sobre el fenómeno actual consideró que “en Rosario se expandió un fenómeno social que es la oferta de droga accesible a los sectores populares, esencialmente cocaína barata, con enorme demanda. Acompañado por la expansión de la oferta y la demanda, que está mucho más allá del sector social que aparece en el epifenómeno violento, hay una puja en distintas zonas a partir de nombres que emergen, que son los líderes de las organizaciones delictivas. Grupos que, por cuestiones no estudiadas, tuvieron capacidad de acceder a los productores y organizar mercados cada vez más expandidos de venta valiéndose de mucha mano de obra disponible y frágil que son, básicamente los sectores populares juveniles que no han encontrado, sobre todo en ámbitos barriales, espacios de inserción diferentes a los que ofrecen estas bandas”.

Para Del Frade, el problema de las drogas “viene de arriba hacia abajo, es el circuito de dinero fresco del sistema capitalista”. Además consideró que “Argentina es un país narco. Es increíble que una presidenta tan inteligente como la que tenemos, que es realmente inteligente, en el último mensaje que dio ante la Asamblea Legislativa habló tres horas y no mencionó una sola vez la palabra narcotráfico. Es increíble, ese silencio se parece mucho a la complicidad”, fustigó.

De hecho, sorprendieron en Rosario las declaraciones del concejal electo en las primarias para encabezar la lista del Frente para la Victoria (FpV), Héctor “Tigre” Cavallero: “la fuerza federal no sólo sería necesaria para combatir la lucha contra las drogas, sino también para controlar el lavado de dinero porque acá, en Rosario, está el centro más grande de lavado del país”. En este sentido el edil que va por su reelección, denunció que “Rosario tiene un circuito de lavado de dinero negro del cereal, un corredor por el cual pasa el dinero que se invierte en ladrillos, pero que también usa el narcotráfico. Y esos son delitos federales. Por eso habría que reforzar la presencia de policías federales y de investigadores judiciales”.

En ese sentido, Lascano observa: “Sabemos por cálculos de la AFIP que no menos del 40% del excedente de la producción cerealera se comercializa en negro en esta zona. Esa estructura sirve para canalizar aquello no formalmente declarado, que sirve para comprar bienes e inmuebles, automóviles de alta gama, viajes al exterior, de terrenos sobre los que se edifica, con compras de materiales de construcción por grandes sumas de dinero y no se fiscaliza correctamente. Esa misma estructura que le sirve a sectores de la economía formal, por ejemplo los productores agropecuarios, le sirve también a los que generan un excedente mediante una actividad ilícita”.

Pese a que la violencia se manifiesta principalmente en barrios empobrecidos, es importante recalcar que el narcotráfico existe porque abastece a sectores medios y altos. Sectores que también negrean y evaden impuestos en la misma estructura que sirve para blanquear dinero narco. “Es socialmente complejo. Se expresa como una contradicción profunda y neurótica de sectores medios de la sociedad, que reclaman mayor seguridad y políticas preventivas, pero por otro lado esos mismos venden media producción de su campo en negro,  o compran y venden IVA”, analizó el responsable de la sección Policiales de La Capital.

En este punto, la Ley 26.860 de blanqueo de capitales, fue “un paso en falso” o “una gran ayuda” para aquellos sectores que precisaban pasar al circuito formal el dinero obtenido en el mercado ilegal. La necesidad de llenar de dólares las arcas oficiales operó como una gran oportunidad para que todo aquel que no tuviera una causa abierta, pudiera blanquear. Una cuestión irrisoria si consideramos que hace unas semanas se descubrió que un reconocido integrante de la banda de ‘Los Monos’, y miembro del clan de los Cantero que hace años no sólo disputa la conducción de la barra brava de Newell´s, sino también el comercio de drogas, había comprado un arma de caza mayor en una armería con una tarjeta del Registro Nacional de Armas (RENAR) a su nombre. Guille Cantero tenía prontuario abierto y, por ende, no podría ser usuario legal. No obstante, aunque el RENAR negó haber otorgado tal autorización a Guille, sí aparece como tenedor legítimo de armas otro miembro de la banda, con pedido de captura, acusado de ser uno de los jefes de la red ilícita y hacer los contactos para protección y lavado.

Vistas las conexiones de la economía formal e informal, Del Frade evaluó que la lucha contra el narcotráfico es también una disputa contra el capitalismo. Pero, vale agregar que lo que sucede con esta forma de acumulación capitalista es que, al tener dinámicas propias y formas de resolución violenta de los conflictos que permean diversos niveles de interacción social, pone en jaque la forma de gobierno que es la garante de la continuidad del sistema. Las democracias actuales tienen, como condición sine qua non, que ejercer el control sobre el “orden público”. Su desmadre es síntoma de fin de ciclo y para resolverlo, o se lo combate o se lo controla participando activamente del negocio.

CONTRACARA

Otro elemento para tener en cuenta respecto a la visibilidad de la problemática en la ciudad es la presión sobre el sector político y judicial que se dio en la calle, mediante la movilización social, sobre todo luego del triple crimen de Villa Moreno, donde narcos dispararon por error sobre tres militantes del Frente Popular Darío Santillán (FPDS). La investigación sobre la muerte de Mono, Jere y Patóm, arrojó como primera conclusión la existencia de una clara protección policial sobre los principales implicados. Sumado esto a los reclamos y el estupor por los crímenes a sangre fría cometidos en cualquier zona y horario, “el poder ejecutivo y el judicial sintieron que se les abría una grieta gigantesca debajo de sus pies”, graficó Lascano.

Pero el problema no es nuevo. La hegemonía de los grupos delictivos vinculados con fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, empezó a manifestarse fuertemente a fines de los 90 e inicios del siglo XXI.  “Por eso, lo primero que salimos a discutir es la idea de que el Estado está ausente. Eso es mentira. Lo que pasa es que la presencia del Estado es una presencia corrupta en todos los barrios de la ciudad”, denunció Del Frade. Como en aquella película en que el villano y el policía cambiaban de rostro, en este relato no sólo se piensa en la sociedad entre ambos sectores, sino que directamente hay narcos que trabajan de policía y no viceversa.

No obstante, diversos especialistas coinciden en que el comercio narco no es mayor en Rosario que, por ejemplo, en el conurbano bonaerense. La menor cantidad de hechos violentos no se explica tanto en la inexistencia del negocio ilícito, sino más bien del control político sobre el mismo. Se llama el doble pacto, mediante el cual el gobierno civil le habilita a la policía sus negocios, a cambio de mantener tranquilo el territorio. Así, la policía regula la violencia con el control de los grupos delictivos que no sólo conocen, sino con los que también cooperan, negocian y a los que a veces gerencian. Y esa administración del delito les permite su prosecución: que los jefes sigan siéndolo, que los favoritos de los jefes consigan los ascensos y los mejores destinos.

En una entrevista realizada por el diario Rosario/12[1], Adriana Rossi, Doctora en Filosofía, investigadora y especialista en la temática política y social del narcotráfico, señaló que, además del histórico autogobierno de la policía, intervino otra cuestión que complicó la situación: la interna policial. “La caja negra, donde llegan todas las coimas por la protección de los negocios del narcotráfico, el juego clandestino, los desarmaderos, la prostitución y la trata, sigue existiendo. La policía se lo reparte y una parte siempre había llegado al poder político, a los punteros o a los políticos que directamente estaban involucrados. Lo que sucede actualmente es que hay grupos enfrentados para apoderarse de la mayor tajada”, declaró.

En esta línea argumental, hay diversas voces que hablan de un fuerte discurso del ejecutivo provincial, sobre todo desde la asunción de Antonio Bonfatti, de “no tocar” la caja de recaudación ilegal. “Eso generó desconcierto en la policía, en torno a cómo y a quienes seguir cobrando y frente a eso, sectores criminales perdieron la regularidad de pago, lo que generó que las personas que antes respondían a determinados pactos, como el manejo de zonas específicas, se pasaron a otras zonas. Así empezó la guerra. No es un elogio de virtud al gobierno socialista que, creo, no supo qué hacer, o peor aún, pensó que al no meterse con las cajas negras, no iba a tener el problema”, apuntó Lascano.

En torno a las dos gestiones del Partido Socialista (PS), el periodista resaltó que durante todo el gobierno de Hermes Binner y parte de la gestión de Bonfatti, “sostuvieron a los peores jefes policiales”. Pero los efectivos sospechosos de participar de las redes narcos no son sólo los provinciales. En agosto, seis efectivos de la Policía Federal debieron dar explicaciones ante el juez de Instrucción Juan Carlos Vienna por el procedimiento en el que aparece fotografiado junto a ellos, vestido como un uniformado más, un hombre que está preso acusado de proveer de equipos de comunicación a la mencionada banda ‘Los Monos’.

DEUDAS

Respecto a la expansión del negocio y la deficiente investigación, existe “una desidia deliberada” de la justicia federal, consideró Lascano. “Además hay cuestiones del orden sistémico: el modelo judicial de persecución penal en la Provincia de Santa Fe, que está en transición hacia un cambio, es absolutamente funcional a las personas que aparecen como responsables de estos delitos. En vez de identificar un patrón, cada uno de los 15 juzgados de instrucción en Rosario investiga los casos por separado. La justicia federal, en tanto, se ha pasado todos sus ciclos vitales concentrada en los eslabones más frágiles de la cadena: estos chicos que están dentro de los búnkers, los pequeños comercializadores y básicamente los consumidores, persiguiendo antes que a grandes organizaciones criminales, a los fumadores de porro”, apuntó.

A grandes rasgos, la mencionada reforma procesal penal en curso en Santa Fe, incorpora los juicios orales, demanda la profesionalización temática de los fiscales, sobre los que recaerá la investigación de las causas  y cuya especialización les dará capacidad de contactar entre sí los casos con rasgos comunes, entre otros importantes puntos.

Lo que está claro es que, al ser el narcotráfico un delito federal, no puede quedar la discusión en qué estamento del Estado es el principal responsable, sino que se debe tender a una coordinación contra el delito. El mismo Héctor Cavallero del FpV, recalcó que “la Nación tiene una gran deuda con la provincia en materia de seguridad y control de delitos federales. Aunque a la Policía Federal la pagamos entre todos los argentinos, en el triángulo que conforman San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás, con epicentro en Rosario, no hay más de 120 agentes para controlar delitos de su incumbencia”.

Otra de las necesidades imperiosas, es la producción de masa crítica respecto a esta problemática. Quienes se dedican a estudiar el tema, insisten en que debe revertirse de manera urgente el déficit de personal especializado, de estudios unificados, rigurosos y detallados que son la base para caracterizar la situación y generar planes de acción a largo plazo que permitan dar una pelea más igualitaria. Porque esta situación tan sensible a la vez genera que personas sin experiencia, o ligadas a sectores políticos que poco y nada han hecho en torno al narcotráfico, se erijan en fiscales. “Muchas veces en el campo de la seguridad, donde los fondos sobre los que transita la discusión son muy emotivos, te corren con el cuatro de copas tipos que no tienen experiencia y te hablan desde el sector más erizado del fenómeno y que más conmueve la sensibilidad pública, y no desde el conocimiento del problema“, figuró Lascano.

La especialista Adriana Rossi por su parte consideró que “si verdaderamente quieren cortarle las piernas al narcotráfico tienen que apuntar más arriba, que en la mayoría de los casos cuentan con el apoyo del poder político, que además recibe dinero para las campañas electorales”.

Pero, si de deudas hablamos, la más importante es la social. Tal como indicó, entrevistado en un documental realizado por la Universidad Nacional de Rosario, el Profesor de Criminología y Política Criminal de dicha institución, Enrique Font, en general los pibes más vulnerables tienen un consumo problemático, más que por la sustancia química, por su situación de exclusión, de pobreza, por la falta de acceso al mercado de trabajo y salud. Entonces, ese joven “que debería ser el blanco más buscado por la política de reducción, es habitualmente el más castigado en la selectividad del sistema penal, porque el sistema penal lamentablemente no distingue que en la economía de las drogas, como en toda actividad legal o ilegal, uno debería saber distinguir entre empresarios y trabajadores. La economía de drogas tiene gente que invierte capital, lo arriesga y se lleva ganancias muy importantes; y hay gente que lo único que puede aportar es su fuerza de trabajo, con una economía extremadamente precaria”, explicó el criminólogo. Además, Lascano sumó que, junto al pago que recibe el chico que atiende el búnker, hay cosas que no se pagan con dinero: reconocimiento, respeto y hasta cierto prestigio.

Sin dudas, la política sistemática de destrucción que fue el neoliberalismo generó grandes huecos en el modo de ordenar y regular la vida social. Esos huecos se cavaron y no hubo nada para llenarlos, hasta que se asentó la dinámica narco. “Un funcionario me graficaba que estos pibes “ son como náufragos en un mar sin islass. Porque ¿cuál es la alternativa donde van a volver en caso de intervenir alguna dependencia?., se preguntó el periodista de La Capital.

Lamentablemente, la lucha contra el narcotráfico descarga toda su violencia, tanto por su sistema de prosecución penal como por su faceta represiva, sobre los actores más vulnerables: los jóvenes pobres, explotados, que trabajan en los búnkers. Ni las balas ni las leyes llegan a los empresarios, a los distribuidores, a los que lavan, a los que pasan de ser asesores contables y legales a socios y cómplices. Sin dudas el problema es sistémico y demanda soluciones globales que requieren esfuerzos teóricos, materiales y una fuerte convicción a largo plazo. Y, por supuesto, dejar de ,tirarse los muertost para, de una vez por todas, crear un presente que les permita a los pibes pensar en un futuro digno y posible.

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