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> Por Raúl Fernández Wagner*

Los recientes anuncios en materia de políticas públicas de vivienda, referidos a la instrumentación del Pro.Cre.Ar (Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar) en articulación con el Fondo Fiduciario de Construcción de Viviendas y los créditos hipotecarios del Banco Hipotecario S.A., significan un importante avance en términos de financiamiento para sectores sociales de ingresos medios y medios-bajos. El cual además se complementa con un importante aporte de 1.870 hectáreas de suelo urbano de propiedad del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) con buenas localizaciones urbanas.

La espectacular recuperación económica que se inicia en 2003 –que ya casi ha duplicado el PBI- si bien promueve una mejora muy importante en materia de empleo e ingresos, supuso (especialmente para el Estado y muchos cuadros técnicos y políticos) una mejora automática en materia de vivienda, sobre todo en términos de acceso en el mercado de las clases medias. Mientras para los más pobres se pensó que con los “Programas Federales” (financiamiento público con un alto nivel de subsidio) implementados desde 2004 alcanzaría. Pero ello no ocurrió, porque el mismo escenario de recuperación económica se acompañaría de un boom constructor que elevó exponencialmente los precios del suelo urbano. Proceso dominado por la especulación en la medida que el destino de la mayor parte de las propiedades fueron “resguardo de ahorro” (en moneda estable –dólares-) de la inflación para los excedentes financieros que generaba el crecimiento. Esto repercutió agudizando en forma extrema los problemas de acceso al suelo de los sectores medios y medios bajos. La implementación de los programas federales también encontró como escollo no ser parte de una política de suelo urbano. Otro factor clave -y concurrente en este proceso- es que el cambio en el paradigma económico (con matriz neo desarrollista-sustitutiva) hasta ahora no ha realizado una reforma financiera, por lo que el “precio del dinero” es altísimo, con tasas que vuelven inviable cualquier préstamo a largo plazo como los necesarios para la vivienda.

El Pro.Cre.Ar entonces ataca dos problemas, aportando crédito con tasa subsidiada y suelo (público). No obstante, con este programa el Estado deja fuera a 1.7 millones de hogares que habitan en viviendas que no tienen regularizada su situación dominial, no es menor, pues además ello imposibilita a estas familias el acceso a crédito. Tampoco se ataca con esto a dos tercios del déficit habitacional que está compuesto por viviendas que necesitan mejoras, terminaciones, instalaciones y ampliaciones para reducir las situaciones de hacinamiento.

*Arquitecto. Profesor Asociado en el Área de Urbanismo del Instituto del Conurbano en la UNGS; Director Académico de la “Especialización en Desarrollo Local en Regiones Urbanas”; Integra Habitar Argentina.

Nota completa en la edición impresa. MASCARÓ #4

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