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La sumatoria de casos de enfermedades vinculadas al uso de agroquímicos en pueblos del interior sojero, instala la necesidad de poner en crisis el modelo productivo vigente, y de romper un paquete que va más allá del combo transgénico-glifosato: la injerencia de las grandes corporaciones agroalimentarias en el diseño de políticas de Estado.

Leila Derudder tenía 16 años cuando falleció a causa del cáncer el 3 de octubre en el Hospital Garrahan, a donde llegó para atenderse hace un par de años desde San Salvador, su pueblo entrerriano. El de esta joven no es el único sino el último de los casos de personas provenientes de localidades fumigadas que terminan con la muerte. “Los casos que llegan al hospital quedan personalizados con la muerte de Leila, pero además porque ella venía de un lugar en que la cantidad de casos de cáncer son llamativos. Además de Leila, que falleció hace unas semanas, hay dos nenes más del mismo pueblo en el Hospital”, cuenta Mercedes Méndez, enfermera del Hospital Garrahan que atendió y acompañó a Leila en sus últimos días de vida.

San Salvador es una ciudad de 15 mil habitantes ubicada en una zona arrocera que en los últimos tiempos ha mutado hacia la soja. Es una ciudad símbolo del modelo.

Como enfermera, Mercedes habla con los niños, con las familias. Su trato cotidiano, su relación humana con los pacientes la llevó a conocer estos casos y a viajar a San Salvador con el grupo de trabajadores de la salud que componen la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Pero no existe un protocolo sobre cómo atender a un paciente que llega desde el interior, no existe a nivel institucional, a nivel Estado un seguimiento. Por tanto, no existe oficialmente este problema. “Acá no llega derivado ningún chico con algo escrito en donde dice: niño fumigado. Vienen por otras patologías, pero si se indaga en su historia, se pregunta y averigua dónde viven, uno nota que muchos provienen de familias que viven en zonas expuestas a la agresión permanente de agrotóxicos”, explica la enfermera.

Otro caso reciente es el de las tomateras de Lavalle, en Corrientes, una pequeña localidad de 5 mil habitantes, donde se registraron 3 casos de niños con intoxicaciones agudas, de los cuales 2 fallecieron, uno de ellos en el Garrahan. Más allá de estos casos extremos, hay que considerar el daño que genera en lo crónico, y muchas veces con consecuencias que no suelen relacionarse. Hasta allí también viajó Mercedes y en su canal de YouTube (youtube/meche.mendez) muestra la evidencia de la situación en que siguen viviendo las familias, los primos y hermanitos de los niños fallecidos, calle de tierra de por medio de las plantaciones de tomates rociadas con regularidad.

Si lo que se estaba esperando para discutir el uso de agroquímicos en las escalas en que se están utilizando, era que todo se hiciera más evidente, a esta altura parecería suficiente. El tema es que discutir este punto, poner en crisis la tecnología transgénica, es poner en cuestión un paquete bastante importante, mucho más grande que el cóctel tecnológico que hace crecer a los transgénicos. Se trata nada menos que del modelo productivo y de poner en debate el papel de las corporaciones agroalimentarias, y -en definitiva- tener que desafiar los mandatos del orden geopolítico mundial.

INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO

Entre el 15 y el 19 de octubre se realizó en la localidad cordobesa de Monte Maíz un relevamiento sobre su población para darle mayor rigor a la sospecha -transformada en denuncia de los propios habitantes- en relación al impacto sanitario que los agrotóxicos generan en la población.

Según el informe preliminar realizado por la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba, el cáncer es la primera causa de muerte (33,9 por ciento del total de decesos), y la incidencia de esa enfermedad (casos nuevos por año) es cinco veces mayor a la media estimada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la tasa de abortos espontáneos en mujeres en edad reproductiva es 4,8 veces más elevada al indicador esperado; los problemas respiratorios son un 25 por ciento más frecuentes que la media provincial; y también aparecen tasas aumentadas de colagenopatías (como lupus, artritis reumatoidea), diabetes tipo II e hipotiroidismo.

Los resultados preliminares advierten que en el análisis geoespacial “se detectó contaminación aérea intensa por acopios de cereales en el centro del pueblo, contaminación con pesticidas en calles y numerosas manzanas por máquinas pulverizadoras y depósitos de plaguicidas entre las casas de los pobladores, y fumigaciones en la periferia urbana, a escasos metros de las viviendas”.

Por otra parte, a comienzos de octubre se conoció otro trabajo realizado por investigadores del Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (Gema), de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde se demuestra “un daño genético aumentado” en personas expuestas a agroquímicos, lo que conlleva mayor riesgo de padecer cáncer, abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones.

La lista de casos de enfermedades y afecciones, así como la enumeración de recientes investigaciones podría seguir. Una de las primeras denuncias la realizaron las Madres de Ituzaingó, quienes comenzaron a organizarse al calor del 2001 ante los casos de cáncer que se registraban en niños de esta localidad cordobesa, donde el 33% de las personas moría de cáncer. Las Madres de esta localidad cordobesa llevaron a juicio a un productor y a un fumigador y ganaron el juicio en 2012, demostrándose la relación directa entre las pulverizaciones, las enfermedades y las muertes.

PERMISO PARA FUMIGAR

El 25 de marzo de 1996, el por entonces Secretario de Agricultura del Menemismo, Felipe Solá, le abrió la puerta a Monsanto y compañía firmando apenas una resolución (la número 167) que permitió el desembarco del paquete tecnológico de los transgénicos.

Un transgénico es un organismo vegetal al que se le introduce mediante una técnica un gen o genes de otro organismo. En Argentina los transgénicos que más se han realizado son vegetales, en el caso de la soja contienen la resistencia al glifosato. Frente a un determinado herbicida morirá toda la maleza que no tenga incorporado el gen resistente al mismo. El transgénico más el herbicida es conocido como “paquete tecnológico” y su implementación ha sido elemental para que la Argentina aumente exponencialmente la cantidad de granos producidos en los últimos casi 18 años, así como también para que se extienda la frontera agropecuaria. La superficie sembrada con soja transgénica supera las 20 millones de hectáreas, las fumigaciones masivas con agroquímicos, superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales. Se calcula que de la recaudación anual de cada cosecha, el 10% va a parar al rubro fumigación.

Si bien la fumigación sobre los campos existe desde hace muchos años en nuestro país, la irrupción de los transgénicos y del glifosato como su santo remedio, modificó notablemente la actividad y las prácticas en el campo.

Mauro Bosque vive en El Triunfo, un pueblo bonaerense de casi 2.000 habitantes del partido de Lincoln y es propietario de una máquina pulverizadora tipo mosquito (una PLA 3250 Full modelo 2012). El fumigador cuenta que “para tener una máquina hay que tener una habilitación que te la hace Sanidad Vegetal, perteneciente al Ministerio de Agricultura. Además, el operario tiene que hacer un curso de capacitación en manipulación de agroquímicos y sustancias peligrosas, se le explica lo que dice la ley en relación a pulverizar cerca de una zona urbanizada, que eso es algo nuevo”, cuenta el dueño del mosquito, quien por las dudas aclara: “yo te cuento cómo es todo lo correcto, pero la realidad va más allá de lo reglamentado, porque por ejemplo los aviones siguen fumigando”.

Si no son los propios vecinos los que hacen la denuncia, no hay forma de pararlo porque no hay controles, “hasta hace un par de años, cuando la gente de los pueblos no sabía lo peligroso que era, o no conocía la reglamentación, se pulverizaba como si nada. Pero ahora cualquier vecino ve un mosquito cerca del pueblo y sale a denunciar. La gente tiente miedo”, observa.

En cuanto a la aplicación, el mecanismo burocrático indica que el prestador del servicio de pulverización va a comprar el cóctel con una receta agronómica donde explica cuál producto y qué cantidad va a utilizar para un determinado campo.

La receta agronómica es como la receta que te da el médico para ir a la farmacia. Según la reglamentación, sólo de esa manera pueden venderte el producto y sólo lo anotado, firmado y sellado por un ingeniero agrónomo.

Hasta ahí llegan los controles, supuestamente todo correcto, pero “después no hay forma de controlar qué es lo que se mezcla o lo que el productor te pide que eches. Ese es el principal problema”, reconoce Bosque, quien detalla que “desde que sale de la agronomía el producto, vos sos dueño de hacer lo que quieras, o en realidad el productor es dueño de hacer lo que quiera. Porque no todos consultan a un ingeniero agrónomo, sino que muchas veces su propia experiencia, o lo que el vecino le diga que usó, termina poniéndole a su lote”.

Para el pequeño productor, además de quedar cada vez más lejos en la brecha tecnológica, siempre el riesgo es mayor. Los herbicidas e insecticidas están divididos en varias categorías y generan diferentes impactos: existen los de banda verde (de menor toxicidad), los amarillos y los rojos (los más nocivos). Tal vez con una aplicación de un producto de banda verde alcanza, pero el riesgo a fallar y los altos costos que generan las fumigaciones, hacen que se apueste directamente por el de mayor potencia.

Es una cadena interminable. Porque los propios yuyos y malezas, van mutando, adaptándose y generando sus propios anticuerpos, por lo que cada año el veneno se va haciendo más lapidario.

Una mirada simplista de lo relatado, podría apuntar a buscar la solución, efectivizando los controles e incluso poniendo límites a las fumigaciones. Pero esa reducción del problema a la cuestión de la contaminación biológica es una forma de minimizar lo que está de fondo. Tanto como culpar a los productores de utilizar los productos sin los cuales sus cultivos, que el mercado le dice que tienen que sembrar, no crecerían.

Como bien lo explica Patricio Eleisegui (autor del libro Envenenados) en una reciente entrevista en el periódico Panza Verde de Concordia, “lo inocuo de las fumigaciones es algo que ya nadie puede justificar. Ni siquiera aquellos funcionarios de Gobierno que se jactan de la baja toxicidad del glifosato. El impacto es innegable, pero el segmento político ha entendido que la mejor manera de eludir responsabilidades es culpar al productor por el manejo que hace de los agroquímicos”.

Eleisegui sostiene que el desafío es regular una actividad que en su origen se habilitó sin los controles o pruebas necesarias para constatar el impacto ambiental. “Y así estamos hoy por hoy. Dentro de un marco perverso que obliga a las víctimas a demostrar la toxicidad de aquello que los está matando”, reflexiona en la entrevista del periódico entrerriano realizada por Rubén Bitz.

UNA FÓRMULA INTACTA

Aquella resolución firmada por Felipe Solá y rubricada por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, que marcara el inicio de la producción y comercialización de los organismos vegetales genéticamente modificados (OVGM) se resolvió en sólo 80 días, tras el supuesto estudio de un informe presentado por Monsanto, con sus propias investigaciones y resultados de impacto ambiental-sanitario. Así de fácil se resolvió.

Nota completa en edición impresa. Mascaró #27 de Octubre 2014.

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