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La sumatoria de casos de enfermedades vinculadas al uso de agroquímicos en pueblos del interior sojero, instala la necesidad de poner en crisis el modelo productivo vigente, y de romper un paquete que va más allá del combo transgénico-glifosato: la injerencia de las grandes corporaciones agroalimentarias en el diseño de políticas de Estado.

Leila Derudder tenía 16 años cuando falleció a causa del cáncer el 3 de octubre en el Hospital Garrahan, a donde llegó para atenderse hace un par de años desde San Salvador, su pueblo entrerriano. El de esta joven no es el único sino el último de los casos de personas provenientes de localidades fumigadas que terminan con la muerte. “Los casos que llegan al hospital quedan personalizados con la muerte de Leila, pero además porque ella venía de un lugar en que la cantidad de casos de cáncer son llamativos. Además de Leila, que falleció hace unas semanas, hay dos nenes más del mismo pueblo en el Hospital”, cuenta Mercedes Méndez, enfermera del Hospital Garrahan que atendió y acompañó a Leila en sus últimos días de vida.

San Salvador es una ciudad de 15 mil habitantes ubicada en una zona arrocera que en los últimos tiempos ha mutado hacia la soja. Es una ciudad símbolo del modelo.

Como enfermera, Mercedes habla con los niños, con las familias. Su trato cotidiano, su relación humana con los pacientes la llevó a conocer estos casos y a viajar a San Salvador con el grupo de trabajadores de la salud que componen la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Pero no existe un protocolo sobre cómo atender a un paciente que llega desde el interior, no existe a nivel institucional, a nivel Estado un seguimiento. Por tanto, no existe oficialmente este problema. “Acá no llega derivado ningún chico con algo escrito en donde dice: niño fumigado. Vienen por otras patologías, pero si se indaga en su historia, se pregunta y averigua dónde viven, uno nota que muchos provienen de familias que viven en zonas expuestas a la agresión permanente de agrotóxicos”, explica la enfermera.

Otro caso reciente es el de las tomateras de Lavalle, en Corrientes, una pequeña localidad de 5 mil habitantes, donde se registraron 3 casos de niños con intoxicaciones agudas, de los cuales 2 fallecieron, uno de ellos en el Garrahan. Más allá de estos casos extremos, hay que considerar el daño que genera en lo crónico, y muchas veces con consecuencias que no suelen relacionarse. Hasta allí también viajó Mercedes y en su canal de YouTube (youtube/meche.mendez) muestra la evidencia de la situación en que siguen viviendo las familias, los primos y hermanitos de los niños fallecidos, calle de tierra de por medio de las plantaciones de tomates rociadas con regularidad.

Si lo que se estaba esperando para discutir el uso de agroquímicos en las escalas en que se están utilizando, era que todo se hiciera más evidente, a esta altura parecería suficiente. El tema es que discutir este punto, poner en crisis la tecnología transgénica, es poner en cuestión un paquete bastante importante, mucho más grande que el cóctel tecnológico que hace crecer a los transgénicos. Se trata nada menos que del modelo productivo y de poner en debate el papel de las corporaciones agroalimentarias, y -en definitiva- tener que desafiar los mandatos del orden geopolítico mundial.

INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO

Entre el 15 y el 19 de octubre se realizó en la localidad cordobesa de Monte Maíz un relevamiento sobre su población para darle mayor rigor a la sospecha -transformada en denuncia de los propios habitantes- en relación al impacto sanitario que los agrotóxicos generan en la población.

Según el informe preliminar realizado por la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba, el cáncer es la primera causa de muerte (33,9 por ciento del total de decesos), y la incidencia de esa enfermedad (casos nuevos por año) es cinco veces mayor a la media estimada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la tasa de abortos espontáneos en mujeres en edad reproductiva es 4,8 veces más elevada al indicador esperado; los problemas respiratorios son un 25 por ciento más frecuentes que la media provincial; y también aparecen tasas aumentadas de colagenopatías (como lupus, artritis reumatoidea), diabetes tipo II e hipotiroidismo.

Los resultados preliminares advierten que en el análisis geoespacial “se detectó contaminación aérea intensa por acopios de cereales en el centro del pueblo, contaminación con pesticidas en calles y numerosas manzanas por máquinas pulverizadoras y depósitos de plaguicidas entre las casas de los pobladores, y fumigaciones en la periferia urbana, a escasos metros de las viviendas”.

Por otra parte, a comienzos de octubre se conoció otro trabajo realizado por investigadores del Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (Gema), de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde se demuestra “un daño genético aumentado” en personas expuestas a agroquímicos, lo que conlleva mayor riesgo de padecer cáncer, abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones.

La lista de casos de enfermedades y afecciones, así como la enumeración de recientes investigaciones podría seguir. Una de las primeras denuncias la realizaron las Madres de Ituzaingó, quienes comenzaron a organizarse al calor del 2001 ante los casos de cáncer que se registraban en niños de esta localidad cordobesa, donde el 33% de las personas moría de cáncer. Las Madres de esta localidad cordobesa llevaron a juicio a un productor y a un fumigador y ganaron el juicio en 2012, demostrándose la relación directa entre las pulverizaciones, las enfermedades y las muertes.

PERMISO PARA FUMIGAR

El 25 de marzo de 1996, el por entonces Secretario de Agricultura del Menemismo, Felipe Solá, le abrió la puerta a Monsanto y compañía firmando apenas una resolución (la número 167) que permitió el desembarco del paquete tecnológico de los transgénicos.

Un transgénico es un organismo vegetal al que se le introduce mediante una técnica un gen o genes de otro organismo. En Argentina los transgénicos que más se han realizado son vegetales, en el caso de la soja contienen la resistencia al glifosato. Frente a un determinado herbicida morirá toda la maleza que no tenga incorporado el gen resistente al mismo. El transgénico más el herbicida es conocido como “paquete tecnológico” y su implementación ha sido elemental para que la Argentina aumente exponencialmente la cantidad de granos producidos en los últimos casi 18 años, así como también para que se extienda la frontera agropecuaria. La superficie sembrada con soja transgénica supera las 20 millones de hectáreas, las fumigaciones masivas con agroquímicos, superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales. Se calcula que de la recaudación anual de cada cosecha, el 10% va a parar al rubro fumigación.

Si bien la fumigación sobre los campos existe desde hace muchos años en nuestro país, la irrupción de los transgénicos y del glifosato como su santo remedio, modificó notablemente la actividad y las prácticas en el campo.

Mauro Bosque vive en El Triunfo, un pueblo bonaerense de casi 2.000 habitantes del partido de Lincoln y es propietario de una máquina pulverizadora tipo mosquito (una PLA 3250 Full modelo 2012). El fumigador cuenta que “para tener una máquina hay que tener una habilitación que te la hace Sanidad Vegetal, perteneciente al Ministerio de Agricultura. Además, el operario tiene que hacer un curso de capacitación en manipulación de agroquímicos y sustancias peligrosas, se le explica lo que dice la ley en relación a pulverizar cerca de una zona urbanizada, que eso es algo nuevo”, cuenta el dueño del mosquito, quien por las dudas aclara: “yo te cuento cómo es todo lo correcto, pero la realidad va más allá de lo reglamentado, porque por ejemplo los aviones siguen fumigando”.

Si no son los propios vecinos los que hacen la denuncia, no hay forma de pararlo porque no hay controles, “hasta hace un par de años, cuando la gente de los pueblos no sabía lo peligroso que era, o no conocía la reglamentación, se pulverizaba como si nada. Pero ahora cualquier vecino ve un mosquito cerca del pueblo y sale a denunciar. La gente tiente miedo”, observa.

En cuanto a la aplicación, el mecanismo burocrático indica que el prestador del servicio de pulverización va a comprar el cóctel con una receta agronómica donde explica cuál producto y qué cantidad va a utilizar para un determinado campo.

La receta agronómica es como la receta que te da el médico para ir a la farmacia. Según la reglamentación, sólo de esa manera pueden venderte el producto y sólo lo anotado, firmado y sellado por un ingeniero agrónomo.

Hasta ahí llegan los controles, supuestamente todo correcto, pero “después no hay forma de controlar qué es lo que se mezcla o lo que el productor te pide que eches. Ese es el principal problema”, reconoce Bosque, quien detalla que “desde que sale de la agronomía el producto, vos sos dueño de hacer lo que quieras, o en realidad el productor es dueño de hacer lo que quiera. Porque no todos consultan a un ingeniero agrónomo, sino que muchas veces su propia experiencia, o lo que el vecino le diga que usó, termina poniéndole a su lote”.

Para el pequeño productor, además de quedar cada vez más lejos en la brecha tecnológica, siempre el riesgo es mayor. Los herbicidas e insecticidas están divididos en varias categorías y generan diferentes impactos: existen los de banda verde (de menor toxicidad), los amarillos y los rojos (los más nocivos). Tal vez con una aplicación de un producto de banda verde alcanza, pero el riesgo a fallar y los altos costos que generan las fumigaciones, hacen que se apueste directamente por el de mayor potencia.

Es una cadena interminable. Porque los propios yuyos y malezas, van mutando, adaptándose y generando sus propios anticuerpos, por lo que cada año el veneno se va haciendo más lapidario.

Una mirada simplista de lo relatado, podría apuntar a buscar la solución, efectivizando los controles e incluso poniendo límites a las fumigaciones. Pero esa reducción del problema a la cuestión de la contaminación biológica es una forma de minimizar lo que está de fondo. Tanto como culpar a los productores de utilizar los productos sin los cuales sus cultivos, que el mercado le dice que tienen que sembrar, no crecerían.

Como bien lo explica Patricio Eleisegui (autor del libro Envenenados) en una reciente entrevista en el periódico Panza Verde de Concordia, “lo inocuo de las fumigaciones es algo que ya nadie puede justificar. Ni siquiera aquellos funcionarios de Gobierno que se jactan de la baja toxicidad del glifosato. El impacto es innegable, pero el segmento político ha entendido que la mejor manera de eludir responsabilidades es culpar al productor por el manejo que hace de los agroquímicos”.

Eleisegui sostiene que el desafío es regular una actividad que en su origen se habilitó sin los controles o pruebas necesarias para constatar el impacto ambiental. “Y así estamos hoy por hoy. Dentro de un marco perverso que obliga a las víctimas a demostrar la toxicidad de aquello que los está matando”, reflexiona en la entrevista del periódico entrerriano realizada por Rubén Bitz.

UNA FÓRMULA INTACTA

Aquella resolución firmada por Felipe Solá y rubricada por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, que marcara el inicio de la producción y comercialización de los organismos vegetales genéticamente modificados (OVGM) se resolvió en sólo 80 días, tras el supuesto estudio de un informe presentado por Monsanto, con sus propias investigaciones y resultados de impacto ambiental-sanitario. Así de fácil se resolvió.

Los 30 eventos transgénicos aprobados desde 1996 (23 vieron luz verde durante los años kirchneristas) siguieron más o menos el mismo nivel de facilidades en el proceso administrativo, y la mayoría se aprobaron a carpeta cerrada, sin consulta pública, como lo expresa la legislación nacional, y fundamentada en estudios de impacto sanitario y ambiental realizados por las propias empresas.

El más reciente de los grandes anuncios se dio en agosto de 2012, cuando el Ministerio de Agricultura firmó la resolución 446/12, aprobando así la nueva generación de soja denominada Intacta RR2 Pro, de Monsanto. La nueva soja resiste no sólo al glifosato, sino también a insecticidas que componen un cóctel más potente.

De la presentación de Intacta RR2 Pro participó el ministro de Agricultura Norberto Yauhar, quien no perdió la posibilidad de decir unas palabritas: “Hay que respetar la propiedad intelectual”. Unos meses antes, la presidenta había visitado a los empresarios estadounidenses, donde sostuvo: “Estaban muy contentos (los directivos de Monsanto) porque Argentina hoy está a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. También en repatriación de científicos hacía la Argentina y fundamentalmente en respeto a las patentes. Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias nos hemos convertido también en defensores de las patentes”.

Cristina Fernández se refería en esas últimas palabras al desarrollo de una semilla de soja resistente a la sequía, fruto de la investigación de científicos de la Universidad Nacional del Litoral, del Conicet y de la empresa Bioceres. Su discurso, aplaudido por los directivos de Monsanto, no fue inocente. El gobierno nacional está estudiando una nueva Ley de semillas y patentes propuesta por las empresas bioagrotecnológicas que contempla cobrar regalías por el uso de las semillas transgénicas creadas-alteradas por ellas.

TOMAR LA PATENTE

El productor va y consigue la semilla, la compra, paga por ella. Luego planta la semilla y cosecha. Con su producción levantada, elige una parte de sus semillas y las guarda para volverlas a sembrar en la campaña siguiente. Se calcula que hace 10 mil años que los agricultores trabajan más o menos así su tierra.

Ahora, con las patentes y la nueva ley de semillas que se proyecta desde el Ejecutivo nacional, se tendrá que pagar, por contrato, una regalía a la empresa inventora y productora de esa semilla transgénica.

“Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses concentrados del agronegocio”, comienza el documento elaborado por los integrantes de la Campaña No nos patenten la vida, publicado en septiembre de este año.

Las empresas agrobiotecnológicas han reclamado históricamente al Estado argentino el pago adicional de un canon por el uso de las semillas transgénicas que los agricultores utilizan, alegando derechos exclusivos de propiedad intelectual.

El problema para las empresas es que en el orden jurídico argentino, las variedades vegetales no son producto de un invento sino de un descubrimiento de procedimientos esencialmente biológicos, y por lo tanto no son materia patentable. El artículo 6 de la ley 24481 (actual ley de patentes) excluye la patentabilidad a toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.

Desde la Campaña No nos patenten la vida, sostienen que este embate por la modificación de la ley de semillas forma parte de una serie de políticas de Estado y una ofensiva corporativa que debe colocarse en la lógica extractivista, con incidencia en la producción y comercialización de alimentos.

Como en otros intentos por legitimar una determinada política, el gobierno kirchnerista ha intentado captar voluntades que apoyen el proyecto de Ley de semillas. Así en la mesa de debate ha tratado de sentar a organizaciones campesinas, pequeños productores y referentes de pueblos originarios. Incluso el texto sugiere una coexistencia entre proyectos y sectores a simple vista antagónicos como lo son la agricultura familiar y los agronegocios.

Según lo expresa el documento de la No nos patenten la vida, “de este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma”. En concreto, el texto explicita que serían exceptuados de las obligaciones tributarias los denominados agricultores familiares. “De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta `apariencia contemplativa´ hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio”, analizan desde la Campaña.

TE LO DIGO, TE LO CANTO…

La búsqueda de legitimidad social al fin de poder realizar sus negocios es una estrategia conocida por todas las grandes empresas del mundo. Basta ver el trabajo de desgaste que Monsanto realiza en toda Córdoba y en particular en la localidad de Malvinas Argentinas, donde desde hace más de un año, intenta romper el bloqueo que asambleístas hacen de su planta en construcción sobre la Ruta provincial 188.

En ese camino, como explica a Mascaró Eduardo Quispe, asambleísta de Malvinas Lucha por la vida, “Monsanto intenta generar consenso a través de una ONG de inclusión social y facilitando recursos a las instituciones de la comunidad como la Cooperativa de agua y hasta de cultos evangélicos, en los cuales desarrolla actividades de capacitación en oficios, por ejemplo”.

El acampe sobre la puerta del predio que impide la construcción de la planta de granos más grande de Latinoamérica comenzó en septiembre de 2013. Eduardo explica que Monsanto sigue sin cumplir con los estudios de impacto ambiental, que la justicia y el poder político miran para otro lado, que las Facultades como la de Agronomía de la Universidad de Córdoba también están entongadas, pero que no pueden avanzar más porque hay un sector importante de la comunidad que mantiene la resistencia (Ver recuadro La universidad al servicio de quién).

“El acampe desgasta , no sólo físicamente sino también psicológicamente, la lucha en general, sobre todo la cotidianeidad en Malvinas, es dura”, cuenta Eduardo Quispe quien cada mañana se levanta sabiendo que sale a luchar en un pueblo donde algunos viejos amigos ya no lo son, donde los poderes local, provincial y nacional, están alineados a los intereses de una de las corporaciones más grandes del mundo. Pero aún así no están solos, Malvinas por la Vida forma parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y coordina con organizaciones sociales, partidos políticos y movimientos de la argentina y Latinoamérica.

La resistencia de los vecinos de esta localidad cordobesa sintetiza otras tantas luchas que se dan a lo largo y ancho del país, con pueblos originarios que resisten los desmontes y el robo de sus tierras, con los asambleístas que se oponen a la megaminería o los pueblos que se levantan en contra del fracking y los proyectos de explotación de hidrocarburos no convencionales. El común denominador de lo que enfrentan estas distintas experiencias es el modelo de explotación y exportación de bienes comunes de la naturaleza. Tanto en materia agroalimentaria, como minera e hidrocarburífera, Argentina (y podríamos decir buena parte de América Latina) no hace más que responder al requerimiento del orden económico mundial, aplicando las tecnologías extractivistas poco amigables que las propias empresas transnacionales proponen.

Por tal motivo, además de intentar poner freno al saqueo, las enfermedades y la muerte, habrá que luchar por ganar en conciencia para buscar otro modo de producción, organización y modo de vida.

Trabajar, habrá que seguir trabando, tendremos que seguir andando, comer, indefectiblemente tendremos que seguir comiendo. El tema está en buscarle la vuelta para decidir para qué y cómo trabajar, por dónde andar, y poder decidir qué cosa y qué mano nos dará de comer.

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