COMPARTIR
Despidos en masa. Foto: Facción Latina

Alrededor de 50 mil personas fueron echadas de sus trabajos en los primeros días del nuevo gobierno. Como solución se promete represión, porque lejos de ser un problema, la desocupación es una necesidad para el modelo de Cambiemos.

 

Cuanto mayor sea el miedo a perder el trabajo, porque hay mucha gente que ya fue despedida esperando a ser empleada, menor será la disputa por mejores condiciones laborales y mayor salario. Las cesantías cumplen la función de poner en línea a los trabajadores, erosionar sus derechos y bajar los salarios. Puede parecer un planteo elemental, pero para que el gobierno pueda llevarlo adelante, se ponen en juego muchos movimientos y se requieren complicidades y maniobras sostenidas con frases hechas y lugares comunes. Repásese sino la cantidad de veces que se leyó y escuchó la palabra “ñoqui” desde la victoria electoral de Macri, por fuera de los días 29 (aún cuando éste sea un año bisiesto).

Para echar gente, bajar salarios y avanzar en el empobrecimiento de los más pobres y el enriquecimiento de los más ricos del modo en que lo está haciendo el gobierno, se necesita la anuencia de los medios de comunicación, de la burocracia sindical, y contar con la base de precariedad laboral, tanto en el Estado como en el sector privado, que se arrastra desde hace más de una década.

Según el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, hasta el 31 de enero, en el sector público hubo 27.199 despedidos tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. Mientras que en el ámbito privado hubo 22.529 cesanteados.”Los mecanismos de control y disciplinamiento sobre los trabajadores no se limitan a los despidos, sino que también incluyen amenazas generalizadas de despidos, y un creciente uso de la fuerza pública contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales”, señala el documento.

La desocupación es una necesidad para el modelo de gobierno. Quien no tiene trabajo no es alguien que queda “fuera del sistema”, sino un actor necesario y constitutivo del “sistema”.

 

SINCERICIDIO

El equipo económico de Cambiemos utilizó el eufemismo “sinceramiento” para enmascarar el ajuste. No tardaron nada, y lejos de gradualismo o compensaciones, arremetieron contra el pueblo que vive de su trabajo, realizando una devaluación del peso frente al dólar, acelerando una inflación que encareció notablemente la canasta básica y el consumo medio del laburante, y finalmente masificó el despido de empleados públicos.

Mientras los trabajadores se ven cada día más preocupados por los alcances del ajuste, la minería ya no paga retenciones, los especuladores agropecuarios tampoco, se pagan menos impuestos por los autos de alta gama y el Estado volvió a pedir créditos internacionales que, como ya ocurrió, se terminarán pagando con el sudor del pueblo.

“Su sinceramiento de la economía es la típica transferencia de ingresos a favor de los capitalistas, que tantas veces se aplicó en el país. Pretende achatar los salarios a través de la carestía para incrementar las ganancias de las grandes empresas”, dice el economista Claudio Katz en su artículo “La Ceocracia en acción”, quien también agrega que “el objetivo del ajuste es provocar una fuerte caída de los salarios”.

Cuanto más bajos sean los sueldos y menor la cantidad de trabajadores que realicen el trabajo, mayor será la ganancia del empresario.

El manual neoliberal dice que con las medidas que se ensayaron, se puede generar confianza en las empresas transnacionales y así conseguir inversiones. Si se hace la cuenta de que los salarios se pagan en pesos (cada vez más devaluado) y que las exportaciones se hacen en dólares (cada vez más caros), la oferta parece tentadora.

Dentro del cálculo, se considera que tal vez los trabajadores acaso se molesten y realicen medidas como huelgas, tomen fábricas, o protesten en las calles. Para eso, el macrismo ha mostrado que no dudará en reprimir, como sucedió en La Plata contra los municipales que se manifestaron en el palacio de gobierno, o con los operarios de Cresta Roja que cortaron la Autopista Ricchieri.

El nuevo gobierno culpa a su antecesor de haber superpoblado el Estado de gente. Sin embargo, no ha protestado de una herencia importante y numerosa que le dejó el kirchnerismo: un enorme aparato represivo, con una inaudita cantidad de agentes en cada fuerza. Como se ha remarcado en el número anterior de esta revista, “según datos del año 2014 de Naciones Unidas, Argentina es –proporcionalmente- el país con mayor cantidad de policías de América Latina: 558 cada 100 mil personas”. Ni lerdo ni perezoso el presidente ya está haciendo uso y abuso de ese legado. Además de su función coercitiva en manifestaciones laborales, el hostigamiento policial en las calles parece empezar a no tener límites.

La detención de Milagro Sala debe leerse en la intención del gobierno de coartar la protesta social, de sentar un precedente para quienes quieran expresarse en el espacio público. Sin justificación legal alguna, la Justicia jujeña aceptó el pedido de captura del gobernador radical Gerardo Morales, bajo la figura de “instigación al delito y tumulto” y encarceló a la dirigente de la Tupac Amarú. La conformación del protocolo antipiquetes y la amenaza cabal de que se reprimirá con la fuerza que crea necesaria la policía, es también una demostración de confianza para los que quieran venir a llevarse la riqueza del país.

 

GASTO PÚBLICO

Un número, el desempleado es un número para los empresarios que están dentro del gobierno y los que están afuera. A ese número que es una persona le pusieron ñoqui o militante de sobrenombre para desprestigiarla, para indignarla un poco más, porque todo el mundo cree y sabe que efectivamente hay ñoquis en las plantillas, aunque no sean los mismos que ahora figuran en las listas.

La estigmatización del trabajador público no es nueva. La misma receta utilizaron la dictadura y el menemismo con un importante consenso del grueso de los argentinos que aceptaron sin filtro el discurso del poder mediático, cuando la finalidad era debilitar el Estado y abrirle el juego a las privatizaciones.

La explicación económica del gobierno en relación a las bajas en el Estado tiene que ver con la necesidad de reducir el gasto público. El propio macrismo dejó trascender que su intención con la medida es achicar el déficit fiscal, calculado en 7 puntos del PBI. No obstante, no parece significante, en términos numéricos, el ahorro por reducir la cantidad de empleados estatales. Según explican los investigadores Horacio Cao y Maximiliano Rey en el artículo “Planta Permanente” publicado en la Revista Anfibia, “el tema del empleo en la Administración Pública Nacional no es un problema cuya médula sea fiscal (…): dar de baja al 10% de la planta de personal de la administración centralizada (unas 30.000 personas), no significaría un ahorro superior al 1% del presupuesto”.

Incluso se puede especular con que si se restan los costos de los salarios de los trabajadores echados (en su mayoría contratados, con categorías básicas, con salarios que oscilaban entre los 4 mil y 10 mil pesos), pero se suman los de los flamantes funcionarios de cargos, secretarías y dependencias que se crearon desde el 10 de diciembre de 2015, la cuenta no daría en negativo.

Como ejemplo vale mencionar lo sucedido en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, donde 450 contratados (de un total de 2300) fueron dados de baja, pero al mismo tiempo se crearon 19 subgerencias y 15 nuevos departamentos, todos cargos relevantes cuyos honorarios van desde los $70 mil a los $120 mil.

La determinación de activar la máquina de despedir tiene un trasfondo político e ideológico, porque achicar el Estado no es sólo abaratar el gasto, sino que es desmantelarlo, hacerlo más débil. La mayor cantidad de cesantías, interrupciones o culminaciones de contratos se dieron en áreas y programas vinculados al acceso de derechos, servicios sociales y de atención en territorios de los sectores más vulnerable, así como los organismos encargados de controlar a los privados. Esta variable se repite tanto en el Estado nacional, como los provinciales y los municipales, independientemente del color político de los gobiernos.

 

MIEDO A (NO) PERTENECER

Todos conocemos a algún laburante que cambió su perfil de facebook, escondió su nombre, ocultó publicaciones y borró sus tuits por temor a prestar una excusa para engrosar la temida lista negra (ver recuadro Orden y Disciplina). Ese amedrentamiento forma parte de una campaña por disciplinar, por acallar y reprimir cualquier inconformidad.

Ese miedo es un negocio para los empresarios (los que ahora están en el gobierno y los que siguen en sus empresas), porque hace que la tensión y la necesidad pase por sostener el empleo y de ese modo resignar derechos. “Este año, complicado hasta para los analistas, no es momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada del país”, dijo Julio Piumato, secretario general de los judiciales, justo antes del inicio de las paritarias.

Con el mensaje se intenta darle a entender al trabajador del sector privado, que su estabilidad también corre riesgo y que cualquier justificativo puede ser suficiente para terminar en la calle. Los casos de Cresta Roja, Paraná Metal, así como la de los petroleros de Chubut, de empresas constructoras como Austral y de agroalimenticias como Expofrut y Canale, dan cuenta de que el ajuste aprieta en distintas ramas. Tanto las grandes como las pequeñas y medianas, nacionales o extranjeras, nunca ceden a la pérdida de los márgenes de ganancias, y no dudan en compensar la merma en sus ventas, así como el aumento en los costos de servicios como luz y gas, con la reducción del personal y por consiguiente del salario. Porque, como se sabe, en la diferencia que le gane a la relación del costo de la fuerza de trabajo y el precio en que vende su producto terminado (para exportar o colocar en el mercado interno) está la ganancia del capitalista.

En este contexto de incertidumbre y angustia, opera fácilmente el individualismo y gana lugar el sálvese quien pueda. Entre las frases hechas diseñadas por su publicista de confianza, Macri insiste en el concepto del bienestar individual, de la autosuperación, típico de la lógica empresarial. El presidente sueña con que “cada uno de nosotros encuentre la manera y el lugar donde ser feliz”. Y dice creer en que “este país puede dar oportunidades a todos para que podamos crecer”. Dicho así no dice mucho, pero puesto en el marco de que esa fue su respuesta a la pregunta que se le hizo en conferencia de prensa en relación a la multitud de despidos que se dieron en los primeros días de su administración, es toda una declaración de principios.

Pero el laburante no necesita que le expliquen quién es su par, su compañero. Lo saben por ejemplo los trabajadores del Grupo 23, que -al cierre de nuestra edición- llevaban casi tres meses sin cobrar y dos semanas durmiendo, trabajando y resistiendo en la redacción de Tiempo Argentino, ante el vaciamiento de los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

“Lo que nos hemos encontrado es con la solidaridad de los trabajadores de todos los medios”, cuenta Claudio Mardones delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) en Tiempo Argentino, y agrega: “Hoy está claro que somos trabajadores de prensa y la disputa es claramente contra las patronales. Se ha dado un proceso de maduración que permitió romper con algunos planteos que eran de una especie de oposición entre trabajadores de uno u otro medio. En ese sentido, el trabajo de seis años del SIPREBA en las asambleas y en la base, jugó un papel fundamental”.

A pesar de la magnitud del conflicto, de los casi 200 puestos de trabajo y de la importancia que juega -en términos de derecho de acceso a la información- el vaciamiento de los medios que conforman el Grupo 23, la cobertura mediática ha sido nula. “Históricamente, las empresas periodísticas no han reflejado los conflictos que tienen con sus trabajadores. Las patronales, tanto Clarín como La Nación, quieren vernos muertos”, dice el periodista. Además del sentido corporativo, prima la necesidad de invisibilizar las experiencias de lucha y resistencia de los trabajadores. Para romper con ese aislamiento se realizaron actividades como el masivo festival del 31 de enero en Parque Centenario y se publica todos los días el boletín digital “Por más Tiempo” (pormastiempo.com), donde se puede seguir el conflicto y cada trabajador de prensa sostiene sus columnas. “Por mas Tiempo” publica y acompaña la lucha de los sectores que -al igual que ellos- hoy se encuentran padeciendo el ajuste, con la solidaridad que difícilmente  tenga lugar en alguna página de un medio con patrones.

 

VOLVER NI A PALOS

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio aseguró que el gobierno “ha encontrado más de 70 mil contratos basuras en el Estado. Trabajadores que tenían contratos que no son los contratos que nosotros entendemos que tienen que tener”.Y no es mentira. Durante los años kirchneristas, el empleo estatal se incrementó cerca de un 40% (dato que no debe leerse con una connotación negativa) y los trabajadores con contratos temporarios se triplicaron entre 2003 y 2014. “Más del 60% de los trabajadores del Estado nacional se encuentran precarizados” dijo a Mascaró, Sebastián Scarano, delegado de la Junta Interna del Ministerio de Trabajo. En la cartera laboral, muchos de los inspectores que deben detectar el trabajo en negro, están en negro. “De los 4.700 trabajadores del Ministerio de Trabajo, 2.500 se encuentran bajo la modalidad de contratos a término y sin ningún tipo de derecho a indemnización”, contó Scarano.

El kirchnerismo dejó el país, tras 12 años de conducción, con un índice de precariedad laboral del 34%. Habrá que luchar y organizarse para no volver a los 90, pero también para avanzar hacia otro horizonte. Porque no hay dudas de que habrá represión, persecución e incluso sangre en la resistencia contra el gobierno de Cambiemos. Hay que estar claros en que si se va a poner el cuerpo, la salida y la aspiración no puede ser retomar lo que dejó el kirchnerismo, con todo el trabajo precario y basura que sirvió para engordar una estadística, pero no para resolver los problemas del pueblo que –evidentemente- siguen siendo estructurales y coherentes con lo que necesitó y necesita el capitalismo, en sus diferentes etapas y crisis.

SIN COMENTARIOS

RESPONDER