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La reciente desaparición de 43 estudiantes en Iguala muestra casi al desnudo el accionar de un Estado completamente funcional a la más despiadada acumulación capitalista. No sólo la legal sino también la que es engrosada por los dividendos que le reporta el crimen organizado.

Cuando no había pasado aún una semana de la llegada del otoño mexicano, más precisamente el 26 de septiembre, acontecieron los hechos que hoy son conocidos como la Masacre de normalistas de Ayotzinapa. Esto sucedió en la localidad de Iguala en el Estado de Guerrero. Ese día a las 8:00 pm se reportaron disparos contra los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, por parte de la Policía Preventiva Municipal de Iguala. Pero lo más significativo es que quienes apoyaron la acción represiva fueron además miembros de un grupo del crimen organizado denominado “Guerreros Unidos”. El tiroteo dejó un saldo de 6 personas muertas, entre ellas 3 estudiantes, un joven futbolista, un chofer y un ama de casa. Los jóvenes fueron atacados en el marco de una protesta estudiantil. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, negó en ese momento que hayan existido muertos o heridos en el enfrentamiento, afirmando que la protesta se realizaba para frustrar el informe de labores de su esposa en el DIF estatal (Sistema de Desarrollo Integral de la Familia). María de los Ángeles Pineda Villa de Abarca justo estaba presentando el informe en la plaza por la cual, los estudiantes marchaban en conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968.

Al cierre de esta edición de Mascaró, aún hay 43 normalistas desaparecidos, y se están llevando adelante movilizaciones de solidaridad y esclarecimiento en todo el mundo. El 22 de octubre se realizó la Jornada Internacional por los 43 estudiantes desaparecidos, y una de ellas tuvo lugar en Buenos Aires. Frente a la embajada mexicana, cerca de 300 militantes de organizaciones políticas y sociales, junto a grupos de estudiantes mexicanos residentes en el país, reclamaron bajo la consigna “Vivos los llevaron, vivos los queremos” la aparición con vida de los normalistas desaparecidos.

La madrugada del 30 de junio el Ejército mexicano ejecutó a 15 civiles que dormían en una bodega localizada en el Municipio de Tlatlaya. En agosto se produjeron once asesinatos en Chihuahua, entre los que se encontraban varias mujeres e incluso estudiantes. Los sucesos de Ayotzinapa se enmarcan en un mismo proceso. Desde 2007 cuando el por entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al crimen organizado bajo el patrocinio de los Estados Unidos, en México se contabilizan más de 100 mil civiles asesinados y una cifra cercana a 30 mil desaparecidos. Cifras escalofriantes si se tiene en cuenta que sólo pasaron 7 años.

El problema principal a visibilizar a partir de la reciente masacre de Ayotzinapa es precisamente el porqué de tanta muerte, de tanto terror sembrado en la sociedad civil azteca. Realizar un diagnóstico en el que se culpe de todo esto, al incremento de los carteles de la droga sería un mero simplismo. Obviamente que la presencia del narcotráfico es decisiva en esta realidad, pero no la única razón. En tal sentido, es necesario recorrer una cantidad importante de opiniones que puedan acercarnos a un diagnóstico mucho más preciso.

México como laboratorio del neoliberalismo

Según un muy buen informe realizado por la Red de Solidaridad con México (mexicosolidarity.org), durante las últimas cuatro décadas, la relación entre los EE.UU. y México se convirtió en el laboratorio más importante para el modelo neoliberal que rige en el planeta, una especie de experimento para la globalización centrada en la expansión de las corporaciones. Según la Red tanto en el Norte como en el Sur las futuras generaciones sentirán las implicaciones de este experimento. La era neoliberal empezó hace cuatro décadas en la frontera EE.UU. – México con el Programa de Industrialización Fronteriza, una “zona de libre comercio” que introdujo la época de las maquiladoras. Fabricas que pagaron jornales decentes en los EE.UU. se mudaron al sur de la frontera, donde los jornales típicos son menos de 1 dólar por hora, las leyes en cuanto al régimen laboral son relajados, y los estándares medioambientales no se hacen cumplir. El resultado es ganancias enormes para las corporaciones transnacionales, pero con estándares de vida decayendo para las clases obreras de México y los EE.UU., y un desastre medioambiental que afecta ambos lados de la frontera. El modelo maquiladora/libre comercio es ahora el modelo de desarrollo económico predominante por toda América Latina.

El argentino Guillermo Almeyra que vivió unos cuantos años en México sostiene en un artículo publicado en el diario La Jornada que una política criminal sólo puede ser impuesta con métodos criminales. En la nota que lleva por título “Tlatlaya, Ayotzinapa: el asesino es el sistema y su gobierno” Almeyra dice que para realizar “la entrega de los recursos naturales a las trasnacionales, la destrucción del ambiente y el robo del agua por la gran minería, la reducción de los salarios reales y las conquistas de los trabajadores, la eliminación de las leyes de protección laboral, la disminución de los fondos para la educación, la represión de las manifestaciones de estudiantes y normalistas, son apenas algunas de las perlas de este macabro collar”.

Nota completa en edición impresa. Mascaró #27 de Noviembre 2014.

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