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Llave_Foto Marcha Patriotica

Desde el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP en septiembre de 2012, reaparece en la agenda pública el tema del conflicto social y armado. Son diversas las voces que empiezan a hacer sus propuestas al respecto, pero para hablar de la paz en Colombia, es necesario empezar a contar la historia de las comunidades, de la lucha por la tierra, la voz de la memoria de un pueblo que está cansado de la guerra.

El conflicto armado colombiano se remonta varias décadas atrás, siendo el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, un hecho que partiría la historia del país. A partir de ese momento la violencia promovida por los partidos tradicionales entre liberales y conservadores se agudizó; se armaron y financiaron los primeros ejércitos paramilitares que arrasaron con pueblos enteros y llenaron de sangre y sufrimiento los campos y ciudades. En medio de esta gran convulsión social y como un mecanismo para garantizar el control político y económico, se firmó el acuerdo del Frente Nacional, que entre 1958 y 1974 permitió que el Partido Liberal y el Partido Conservador se alternaran el poder cada cuatro años y distribuyeran entre ellos los principales cargos públicos, cerrando toda posibilidad de surgimiento y participación de otras fuerzas políticas.

En este contexto, caracterizado por una fuerte limitación de la participación política y por diferentes luchas obreras, agrarias, estudiantiles, surgen las primeras guerrillas colombianas, constituidas inicialmente como autodefensas campesinas que se organizaron para evitar el asesinato y el robo de sus tierras. Es importante resaltar que en Colombia nunca se ha llevado a cabo un proceso de reforma agraria, por el contrario, el despojo y acumulación de tierras ha sido una constante que en la actualidad se traduce en cinco millones  de desplazados y desplazadas internas, es decir, que aproximadamente un 10% de la población colombiana ha sido expulsada de sus territorios y obligada a desplazarse hacia las zonas marginales de las ciudades, aumentando la población empobrecida.

La persecución, encarcelamiento y asesinato de quienes hacen parte de organizaciones que buscan generar mejores condiciones de vida para sus comunidades ha sido una constante. El caso más dramático es el de la Unión Patriótica, partido político que se constituye en 1985 en el marco del proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur. La UP logra articular distintas expresiones del movimiento popular y consolidarse como alternativa política y electoral de la izquierda, lo que motivó una respuesta estatal de exterminio sistemático que produjo la desaparición de dicho partido con  el asesinato de más de cinco mil militantes, miles de desapariciones, torturas, encarcelamientos y exilios.

En la década de 1980, producto de los diálogos de paz de Corinto, se logra un acuerdo con las guerrillas del Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), participantes del proceso nacional constituyente de 1991. Dicho proceso dio como resultado la Constitución vigente en Colombia, que aunque avanzó en el reconocimiento de derechos, sirvió especialmente para brindar las condiciones jurídico-políticas de entrada del neoliberalismo, con mayor tercerización y flexibilización laboral, aumento del desempleo, ruina de pequeños y medianos productores agrarios y de miles de empresas que no pudieron competir con las grandes multinacionales. Así los derechos conquistados fueron restringidos a simples servicios, cada vez más limitados y de peor calidad.

La siguiente oportunidad de paz se dio en los diálogos del “Caguán” entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP, representando una nueva esperanza por terminar la guerra. Sin embargo, mientras la sociedad civil discutía sus propuestas de paz y de país, el gobierno firmaba la implementación del Plan Colombia con el financiamiento de Estados Unidos, que con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, profundizó la guerra contrainsurgente, militarizando los territorios y atacando a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Ante este nuevo fracaso, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez llegó al poder con un discurso belicista que promovía la guerra y la lucha contra el terrorismo impulsada por Estados Unidos después del 11/09. Esos ocho años de Uribe estuvieron caracterizados por la profundización del Plan Colombia, la persecución, encarcelamiento, desaparición y asesinato de dirigentes políticos y sociales, defensores/as de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes y el pueblo en general. Todo esto, con la acción conjunta del paramilitarismo y las fuerzas militares colombianas, en un período en el que se constituyó un verdadero narco-estado, donde la mayoría de parlamentarios de la bancada del gobierno fueron investigados y encarcelados por sus nexos con paramilitares.

El actual presidente Juan Manuel Santos fue Ministro de Defensa de Uribe, elegido presidente para dar continuidad al proyecto financiero, latifundista y transnacional. Producto del desgaste de la guerra, el fracaso para eliminar a las guerrillas por la vía militar y los intereses de desarrollo del capital transnacional, fue necesario cambiar de táctica, reconociendo a las organizaciones insurgentes como actores políticos y abriendo nuevamente la posibilidad de paz a partir de la instalación de una mesa de negociaciones con las FARC-EP.

 

El reto del presente

Nos encontramos ante la oportunidad histórica de empezar un nuevo camino, de construir una nueva Colombia. La paz que estamos construyendo desde los movimientos políticos, sociales y populares como Marcha Patriótica es una paz con justicia social, democracia y soberanía, una paz que garantice a toda la población el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, a la salud, al empleo digno, a la vivienda, una paz con reforma agraria, con medios de comunicación democráticos y comprometidos con la verdad, sin paramilitares, sin fuerzas militares que asesinan por vacaciones o aumentos salariales, sin bases militares gringas, una paz para el pueblo.

Y es en este momento de esperanza que venimos impulsando diferentes iniciativas para ponerle el cuerpo, la mente y el corazón a la paz, iniciativas como el Foro por la Paz en Colombia desarrollado en Porto Alegre Brasil, del 24 al 26 de mayo. Encuentro en el que organizaciones, partidos, gobiernos y los pueblos latinoamericanos discutieron en torno a tres ejes: la justicia social, la soberanía y la democracia como pilares fundamentales de una paz estable y duradera, a partir de mesas temáticas sobre la tierra y el territorio, la militarización, los derechos humanos, el sindicalismo, la educación, la juventud, las mujeres y demás sectores de la sociedad.

Estos debates permitieron la construcción de propuestas para aportar a la solución política de la guerra en Colombia, respaldando los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, solicitando a las partes en la mesa que no se levanten hasta firmar un acuerdo que posibilite la solución del conflicto social y armado; reclamando la participación en los diálogos de la sociedad civil con sus diversas formas de organización y propuestas para transformar las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que condenan al país a la inequidad, exigiendo el cese bilateral al fuego para evitar más derramamiento de sangre y el inicio de diálogos con el ELN y el EPL.

El reto que nos pone la historia en nuestros días es ser capaces de superar las causas que dieron origen al conflicto colombiano, transformar el modelo social, económico y político que nos mantiene en la miseria. Pero esta lucha no la podemos dar solo los colombianos y colombianas, debemos entender que la guerra en Colombia es un problema regional que requiere la intervención decidida de los pueblos y gobiernos latinoamericanos para impedir la desestabilización de la región que desde allí se gesta. Hoy más que siempre es necesario avanzar en la unión de nuestros países, reconociendo que son las mismas luchas ante las mismas políticas injustas, levantando las banderas del libertador Simón Bolívar por la Patria Grande y la Segunda y Definitiva Independencia.

 

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