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> Por Martín De Battista y Romina Bilbao
Una combinación de fuerzas políticas y económicas encabezó el proceso de destitución al presidente Fernando Lugo luego de un juicio parlamentario exprés que puso en evidencia la vigente máquina golpista. Desde las bancas parlamentarias, y siempre en nombre de la ley, la mafiosa oligarquía paraguaya, y sus medios de manipulación masiva, envalentonados por el respaldo incondicional del capital monopolista yanqui, le impusieron a los seis millones y medio de paraguayos el gobierno del Presidencialísimo Franco.
Por si acaso hiciera falta, y con la necesidad de ajustarnos a las normas periodísticas, se debe decir que la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo se llevó a cabo el 22 de junio pasado. Tal vez no se pueda revelar nunca desde cuándo se puso en marcha este plan de destitución, quizás lo más acertado sea pensar que comenzó en el mismo momento en que Lugo asumió la presidencia (agosto de 2008) representando a sectores que no eran los tradicionalmente favorecidos por los anteriores 60 años -con votos o con botas- de gobierno del Partido Colorado. El ex ministro de Cultura, Ticio Escobar, asegura que hubo 24 intentonas golpistas anteriores.

Pese a esto, el gobierno de Lugo, acusado de chavista, bolche y subversivo, paradójicamente garantizó las ganancias de las grandes empresas, sin políticas significativas que favorecieran a los sectores populares que le dieron origen y respaldo. Sin organización ni movilización popular sólida, el mandatario quedó a merced de un juicio político de 6 horas en el Congreso1, sin derecho a defensa, que logró su meta destituyente.

La Alianza Patriótica para el Cambio, impulsada por el Frente Guazú -movimientos sociales y de izquierda- y el Partido Liberal Radical Auténtico -versión paraguaya de la UCR- fue un frente meramente electoral, y ante la posibilidad de arrebatar el mando, los liberales rompieron filas y se alistaron a la vanguardia del golpismo, logrando la tan ansiada presidencia de Federico Franco.
La emboscada de Curuguaty
La excusa sobre la que se montó la farsa tiene fecha y ubicación concretas: viernes 15 de junio de 2012 en Curuguaty, a 200 km de Asunción. Allí un grupo de francotiradores eliminó a 6 policías que se infiltraron entre los campesinos que estaban ocupando tierras del Estado, que el terrateniente colorado Blas Riquelme hace años tomó como propias.

Ante la falta de respuesta de Lugo, las 2000 hectáreas en cuestión habían sido ocupadas por un grupo de familias campesinas y la orden de desalojo se labró rápidamente acompañada de la trampa mortal. La única manera de entender cómo es que policías entrenados cayeron bajo las balas que llovieron sobre ellos es pensarlo bajo la lógica de la emboscada. Las armas que se utilizaron no eran las propias de los campesinos y no es esa su técnica de lucha, considerando que naturalmente la respuesta ante un ataque así es la que finalmente sucedió: la policía cargó sobre los campesinos, masacrando a 11 de ellos e hiriendo a otros 50. Parece que siempre esta parte de la historia aparece en letra chica y pocos la leen, pero a los campesinos los matan de a decenas y aterrorizan de a miles cuando resisten y luchan por la tierra, que es el oro disputado por estos tiempos en la región. El proceso de descampesinización del campo huele a minería y agronegocios, en un país que conserva un 40% de población rural, y en el cual el 85% de la tierra está en manos del 2% de población.

La emboscada entonces se extendió a partir de este hecho y la campaña mediática se puso en marcha para preparar el clima político y social en contra de Lugo. Encabezada por Aldo Zucolillo, director y propietario del diario ABC Color y dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cruzada fue rápidamente despertando la sed golpista y empujó finalmente al juicio parlamentario contra el presidente. Vale mencionar que este personaje tiene 2 mil millones de razones para jugarse en esta partida. Una por cada dólar que exporta la norteamericana Cargill en Paraguay, de la cual es su principal socio.

Gracias al trabajo de Idilio Méndez Grimaldi, periodista, investigador, analista y miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, es que sabemos estas y algunas otras cosas. Como por ejemplo que “las transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos, mediante la férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la derecha”. En Paraguay no hay retenciones a la soja, y mientras los grandes productores obtienen un promedio de 360 dólares por hectárea (total, no solo sembrado), “pagan” un impuesto de 0,14 centavos de dólar por hectárea. “El 60 % del impuesto recaudado por el Estado es el Impuesto al Valor Agregado, IVA”, que pagan todos por igual. Así, del conjunto de la recaudación impositiva, los latifundistas aportan el 0,04%, en un país donde más del 30% de la producción tiene origen agropecuario.

Nota completa en la edición impresa. MASCARÓ #4

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