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Recién asumida, la presidenta Michelle Bachelet presentó una nueva ley educativa. Para los estudiantes, la reforma no rompe la lógica mercantil y busca frenar las críticas al modelo neoliberal que -he ahí el milagro chileno- pervive en el país más desigual del continente.

Tras asumir la presidencia el 11 de marzo, Michelle Bachelet lanzó una serie de medidas, entre las que se encuentra la esperada modificación de la Ley de Educación, por la que miles de estudiantes secundarios y universitarios se movilizan desde 2006.

El anuncio del proyecto de ley se realizó el 20 de mayo, con el acento puesto en que con esta medida se pondrá fin al lucro, la selección y el “copago”, o sea las cuotas que pagan los estudiantes. En parte eso es verdad. Pero si se avanza en la lectura de las más de 50 páginas, se podrá ver que en realidad no dejan de existir la educación privada, ni las corporaciones, ni las empresas, ni los dueños de los establecimientos educativos. Sino que esos privados deberán ir disminuyendo el cobro a las familias, al tiempo que el Estado irá incrementando la subvención.

En este sentido, la solución sigue la lógica que planteó el ex presidente Piñera cuando manifestó: “nada es gratis en la vida, alguien tiene que pagar”.

Cuando la Dictadura de Pinochet derrocó y terminó con la vida de Salvador Allende, no tardó nada en romper con el sistema público de educación diagramado por el pedagogo brasilero Paulo Freire a pedido del gobierno de la Unidad Popular en 1970. El proceso de vaciamiento de la educación por parte de la Dictadura se completaría unos días antes de abandonar el poder en marzo de 1990 con la sanción de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que dejaría al flamante Estado democrático como un mero actor regulador de la educación y le abría la puerta a los empresarios y a un proceso de mercantilización y deterioro de la calidad.

Opinan los estudiantes

Días antes de la oficialización del proyecto, cerca de 80 mil estudiantes marcharon al Palacio de La Moneda para presionar al gobierno a estar a la altura de las demandas del movimiento estudiantil que comenzaron en 2006 y tuvieron su mayor efusividad durante el 2011.

Desde la bancada parlamentaria de Nueva Mayoría (la coalición de gobierno encabezada por Bachelet) conformada por los ex dirigentes estudiantiles Camila Vallejo, Karol Cariola (ambos del Partido Comunista) y Giorgio Jackson (Revolución Democrática) destacaron positivamente, en líneas generales, el proyecto.

Esa postura choca con la valoración del grueso de la Confederación de Estudiantes Chilenos (Confech). No obstante, en los días inmediatos a la presentación de la ley la respuesta ha sido unánime y unitaria. El hecho de no haber sido consultados y la caracterización de la continuidad neoliberal, son lecturas compartidas en los distintos frentes y organizaciones estudiantiles.

Incluso Giorgio Jackson, de la alianza oficialista, criticó esa falta de apertura. “Estos son proyectos y transformaciones necesarias pero no suficientes, y por lo mismo, creo que es necesario seguir presionando para que los proyectos que se vienen tengan la participación de los actores de la sociedad civil y puedan ser construidos de manera colectiva en el Parlamento”.

En relación a la participación de ex referentes estudiantiles en el gobierno de la Nueva Mayoría, Félix Calderón, presidente de la Federación de Estudiantes del Pedagógico, dijo a Mascaró: “pongamos que puedan jugar un papel importante para difundir el debate, para instalarlo, si son consecuentes con el mandato que han asumido. Pero de cualquier manera, sólo la movilización popular, con estudiantes y trabajadores en las calles puede hacernos avanzar hacia la gratuidad y la calidad educativa en Chile”.
Difícilmente, el nuevo gobierno de Bachelet se diferencie del anterior período presidencial (2006-2010) y avance mucho más allá de unos cosméticos retoques que calmen el rechazo de la insostenible ley vigente.

El peso de una ley anunciada de la manera en que la hizo la presidenta, con todos los componentes de legitimidad que le otorgan los medios oficialistas y el respaldo de una elección recientemente ganada, hará que se torne muy difícil otra reforma que profundice en donde este reajuste no avanza. En palabras de Félix Calderón “se intenta perpetuar la lógica del mercado y se distancia una vez más la opción por una educación verdaderamente pública”.

Prevenir es curar

En paralelo a la presentación del proyecto educativo, Bachelet adelantó otros lineamientos políticos, entre los que se destacan medidas para financiar medicamentos de altos costos y el llamado al Parlamento a debatir la despenalización del aborto en casos “de riesgo de la madre, inviabilidad del feto y violación”. El aborto inducido es ilegal en Chile según el Código Penal de 1874. No obstante, el aborto terapéutico (hasta ahí parecería que avanzaría Bachelet) existía legalmente, hasta que fue penalizado el 10 de marzo de 1990, el último día de dictadura.

La continuidad pinochetista atraviesa a todos los aspectos de la vida chilena. En ese contexto, se impone, por la fuerza de un sector movilizado y por necesidad propia de gobernabilidad, la modificación de la Constitución vigente que lleva la firma del dictador en el año 1980.

La situación política y el avance de una juventud que madura y recupera lo mejor de la historia de lucha, hicieron que Bachelet levantara la bandera de la reforma educativa en su campaña y se apresurara a ponerla en debate a sólo dos meses de haber asumido. No sería extraño que también tomara la iniciativa en relación a una reforma constitucional.

Como dice Félix Calderón, “nosotros no hemos tenido un 2001 argentino, ni un Caracazo. El neoliberalismo en Chile no ha padecido esas crisis, y debemos prepararnos, debemos forzarla porque no va a llegar por que sí”. El gobierno, el poder económico y político del país trasandino y de los padres internacionales del “milagro chileno”, también lo saben.

La propia presidenta Michelle Bachelet ha tenido que hablar del “problema de la desigualdad” durante la campaña electoral y en los primeros días de gobierno. Incluso los informes de las entidades internacionales con sede en Estados Unidos reconocen el detalle de la disparidad en su país ejemplo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó este año un informe en el que da cuenta de la profunda brecha en la distribución de la riqueza que existe en la nación trasandina al señalar que “el 10% más rico gana 27 veces más que el 10% más pobre”.

Otro estudio presentado por la Universidad de Chile explica: “Si nos concentramos en el 0,1 por ciento de los chilenos que tienen mayores ingresos, veremos que éstos concentran entre 17,6 y el 19,9% de los ingresos totales del país”. Y que incluso, “si toma sólo al 0,01% de los chilenos de mayores ingresos, se observa que éstos tienen entre 10,1 y 11,5% de los ingresos totales del país”.

El reconocimiento de la distribución inequitativa, el hacer pública la preocupación e instalarlo en la agenda, indica que el gobierno tomará otro tipo de medidas para amainar la crisis y la pobreza. Las políticas públicas, por paliativas e incipientes que sean, requerirán de financiamiento (Chile apenas aporta el 10,2% de su PBI a protección social). A nadie se le ocurre pensar que la Nueva Mayoría, hija de la Concertación, pueda avanzar sobre ese sector minoritario que maneja los hilos desde hace 40 años.

Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Félix Calderón observa que “lo que estamos discutiendo hoy es sobre la propiedad de la educación y quién debe ser el responsable de garantizar el derecho a la educación. Es decir que lo que se está poniendo en debate es algo bastante lógico y hasta elemental para cualquier sociedad. El punto es que la penetración cultural neoliberal es tan fuerte en Chile, que lograr esa ruptura en el pensamiento ya es todo un paso, porque abre las puertas a discutir la propiedad en todos los sentidos, a poner en crisis el sistema”.

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