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A pocos días de los paros policiales y los saqueos que se dieron en varias provincias del país, entrevistamos a Julieta y Rodrigo, quienes forman parte del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y desde hace siete años impulsan la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba.

¿Qué es el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos?

R.O.: El Colectivo es una organización de jóvenes que labura con jóvenes, para los jóvenes. Es apartidaria en el sentido de que no hace política partidaria con ninguna organización en particular ni de estructura, sino que lo hace de manera conjunta y articulada en una mesa de participación donde confluyen desde el radicalismo hasta la izquierda más pesada.

¿Y cómo nace la Marcha de la Gorra?

R.O.: La Marcha de la Gorra es la herramienta con la que nosotros trabajamos y que nosotros creamos para hacer visible una situación y un reclamo. Es un reclamo social de todas las organizaciones.

Tiene su inicio a partir de 2004 cuando comienzan a implementarse las denominadas leyes Blumberg de Tolerancia Cero, y las detenciones arbitrarias amparadas en el Código de Faltas de la policía.  En 2007 se consolida el Colectivo de Jóvenes y ese año marchamos bajo la consigna “¿Por qué tu gorra sí y la mía no?”. Todos los años cambia la consigna. La última de noviembre de 2013 fue “Tu seguridad nos limita, nuestra resistencia es infinita”.

¿Qué lectura hacen del paro policial en Córdoba y sus implicancias desde el Colectivo de Jóvenes?

J.C.: Es importante mirar el proceso de por qué pasó lo que pasó en Córdoba. No se puede mirarlo aisladamente, no fue algo que salió espontáneamente ni de casualidad. Hay que recordar que en Córdoba se desbarató a nivel mediático todo el entramado del narcotráfico y su ligazón con la policía. Cuando se hizo público el narcoescándalo renunciaron el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y el Jefe de la policía provincial, Ramón Frías. Ese dato no se puede desconocer porque este cambio no fue aceptado por la cúpula policial mayor y porque en la volteada también cayó involucrado el Jefe de Lucha contra el Narcotráfico, y entonces se modificó un negocio muy importante.

R.O.: Esto es muy importante porque en el narcoescándalo también está implicado el gobernador, dado que el ministro Paredes es la mano derecha de De la Sota. En ese contexto de inestabilidad interna salta el paro de la policía.

¿Qué generó a nivel social el paro policial?

J.C.: Además de la inestabilidad, lo que se generó, en parte también por influencia de los medios, es que toda una clase social salió a criminalizar a otra parte de la población, particularmente enfocándose en los jóvenes de los barrios populares y de una determinada cultura. A ellos enseguida se los tildó de negros, chorros y se especificó: los mismos que fueron a la Marcha de la Gorra.

Lo que hicieron los medios y algunas autoridades fue vincular las imágenes de los saqueos con algunas intervenciones que se dieron durante la Marcha de la Gorra del 20 de noviembre pasado. Lo particular de esa cobertura fue que en la marcha participaron 20 mil jóvenes que se movilizaron por políticas de seguridad durante siete horas sin ningún tipo de inconveniente, y se lo recortó a un incidente que se dio a varias cuadras de donde se llevaba a cabo el acto de cierre, en el que se pelearon dos grupitos. Pues la cobertura del día de la marcha en ese momento fue solo ese hecho, por lo que se agarraron de eso para comparar con los saqueos y hablar de vándalos. El término “vándalos” lo repitieron en la Marcha de la Gorra y en los saqueos, tratando de unificar ambos hechos. Justamente el término vándalos fue el que utilizó el gobernador de la provincia de Córdoba al referirse a la marcha en un comunicado que tituló “Gorras salvajes”.

La relación fue: ahí están saqueando los negros que no quieren que esté la policía. Bueno, vean lo que pasa cuando falta la policía, salen todos los negros a robar.

R.O.: Lo más lindo es que si uno ve las imágenes de los saqueos verá que hay camionetas 4×4, autos último modelo, hay gente organizando. Esos no son los que ellos llaman “los negros”, porque ninguno de esos era un cagado de hambre. Creo que fue una explosión en la que muchos sacaron el pequeño facho que tenían escondido en el ropero.

Y por otro lado se expresó una parte importante de la sociedad excluida, expulsada del sistema de educación, con chicos sin salud, sin seguridad. Esos pibes marginalizados por el sistema y al mismo tiempo por la propia sociedad cordobesa que lo señala, también salieron a tirar su rabia, su bronca.

Obviamente los medios pusieron la mirada en la reacción de los pibes de los barrios pero decidieron no mostrar a los chicos bien de Córdoba, a los comerciantes que salieron con sus armas a tirar y matar, a meterle palazos a los pobres. ¿De dónde sacaron todos sus fierros los comerciantes? ¿Esa gente vive armada? Entonces, ¿no eran los pobres los que andaban armados?

¿Qué pasó con la movilización que se dio después del paro policial?

R.O.: Esa marcha reclamaba más mano dura de la que ya existe. No fue por ejemplo para esclarecer las muertes.

Tampoco se sabe nada de cómo murieron las 16 personas que murieron esos días en todo el país.

R.O.: Lo que sí se sabe, pero no se dice es que había policía de civil disparando balas de plomo. Pero nadie ha investigado al respecto.

J.C.: La policía de Córdoba, el Ministerio de Seguridad hacen así su trabajo de ocultamiento. Por ejemplo no brindan información que debe ser de acceso público. Desde 2011 no hay datos de cuántas detenciones realiza la policía, ni los motivos, ni la forma. En 2011, cuando por última vez se dieron a conocer los datos, había 200 detenciones arbitrarias por día. Es decir que amparados en el Código de Faltas se detenían a 73 mil personas por año. Entendemos que ahora ese número debe ser mucho mayor porque en estos dos años aumentó enormemente la cantidad de policías, pero a esa información no tenemos acceso.

R.O.: Hay que aclarar que en este tiempo el índice de delito no disminuyó para nada.

Sí aumentaron a partir de 2004 las detenciones arbitrarias cuando el gobierno provincial tomó las propuestas de (Juan Carlos) Blumberg y el Instituto Manhattan y se implementaron las leyes de “Tolerancia Cero”. Desde ahí, las trabajadoras sexuales, los limpia vidrios y los pibes que viven en la calle quedaron tildados como delincuentes.

Al mismo tiempo De la Sota lanzó la propuesta Barrios-Ciudad, que más que todo fue un sistema de exclusión, donde a la gente que vivía en las villas del centro de la ciudad se las llevó a la periferia de la provincia, donde no tienen acceso a la salud ni a los demás servicios.

¿Cómo se implementó el barrio-ciudad?

R.O: Fue bastante simple, se arrasaron las villas, se derrumbaron las casas y casillas y se trasladó a la gente que vivía afuera de la ciudad. A esa gente se la excluyó incluso de sus precarios trabajos. La intención fue que Córdoba apareciera como una ciudad más linda, alejando a los pobres del centro, para que una clase social no pueda vivir allí y generar la imagen de ciudad linda, homogénea a los turistas.

No alcanzó con eso, sino que se montó un sistema de seguridad y control sobre esos barrios en donde se vigila la entrada y salida. Para este operativo, más de 500 policías fueron a entrenarse a Israel y a la vuelta conformaron el Comando de Acción Preventiva (CAP) para montarse en los límites de los barrios-ciudad.

¿Qué pasa con los pibes que quieren llegar al centro de la ciudad?

J.C.: Algo cotidiano en la ciudad de Córdoba es que haya policías requisando a uno o dos pibes que tienen aspecto de ser de barrio. Todo ese procedimiento extremadamente violento es amparado por el Código de Faltas.

¿Cuándo se implementó el Código de Faltas?

J.C.: El Código de Faltas viene desde la Dictadura y nunca se eliminó. La paradoja y el reclamo vienen porque esa herramienta legal de la que dice valerse la policía es inconstitucional. Porque todo el proceso en que se detiene a un pibe es inconstitucional. Un pibe detenido no tiene derecho a juez, a un abogado, a una llamada, a nada. Escudándose en una falta, que además corre por cuenta del criterio del policía que es quien determina si alguien está haciendo merodeo o una reunión de más de diez personas, pueden tenerlo hasta tres días detenido por averiguación de antecedentes.

¿Qué es lo que se puede hacer en contra del Código?

J.C.: Hay que luchar. Buscar la forma de torcerles la mano. Hace 7 años que marchamos por la derogación del código de faltas. Como decíamos antes, la última movilización del 20 de noviembre fue multitudinaria y participaron más de 20 mil jóvenes.

R.O.: Como respuesta desde el gobierno chicanearon con que si se organizaba una marcha a favor del Código iba a participar mucha más gente que en la Marcha de la Gorra. También sostuvieron que el código es inevitable e indispensable para contener a los negros.

¿Qué cosas han ido pasando en este tiempo?

J.C.: La marcha ha ido creciendo y son los propios jóvenes de los barrios los que se la han apropiado y participan. Creo que en estos años hemos ido consolidándonos y también dando debates que nos permitieron pensar a la seguridad, porque a pesar de que las herramientas o las prácticas de la policía cambien y mañana nos detengan con otro artículo u otro papel, tenemos que poner en discusión la seguridad debe ser para la de la propiedad privada o una garantía de derechos.

Hace siete años es un hecho la Marcha de la Gorra, tenemos la capacidad de trabajar y hacer confluir a 50 organizaciones. Entonces también necesitamos y reclamamos que el gobierno nos reconozca como actor político de la provincia y que podamos discutir la planificación y el diseño de las políticas públicas, ya sea de seguridad como en promoción de derechos.

¿Cuál es la situación en el nivel jurídico en relación a las leyes nacionales de promoción de derechos de niños y adolescentes?

J.C.: Supuestamente la provincia adscribe a la Ley nacional de Promoción Integral de los Derechos del niño y adolescente.

Pero se tuvo que hacer una denuncia internacional porque Córdoba no se acoplaba y finalmente tuvo que ceder. Sin embargo no la cumple. Obviamente tiene más peso el Código de Faltas. Hay que imaginar que el Código no solo contradice esta ley, sino que se contradice en relación a la Constitución Nacional. Claramente es inconstitucional el Código y la forma en que se opera todos los días.

R.O.: No es exagerado decir que en los barrios de Córdoba vivimos una dictadura. Los pibes de los barrios urbanos marginalizados viven esa dictadura, están siendo perseguidos torturados y desaparecidos. Y no exagero. Ahora bien esa dictadura está legitimada por la sociedad y los medios, es votada y defendida. Contra eso hay que luchar todos los días.

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