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En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Macri busca construir un Centro Cívico en terrenos del Hospital Neuropsiquiátrico Borda, justo donde está el taller de carpintería y herrería. Policía Metropolitana de por medio, quisieron comenzar a ocupar el predio y a construir, lo que fue evitado por la resistencia de los gremios del personal, y el apoyo de la población. “La toma del Borda es ilegal”, dijo el jefe de gobierno porteño quien acusó a los trabajadores de cometer un delito.

Pero no sólo Macri recurre a la policía para resolver sus problemas.

En la provincia de Salta, donde gobierna el oficialista Juan Manuel Urtubey, los trabajadores del segundo más grande ingenio azucarero del país (San Martín del Tabacal) cortaron el acceso a la planta y la ruta provincial 50 en reclamo por la reincorporación de 57 despedidos. Quien explota el ingenio es la compañía estadounidense Seaboard Corporation. Para “garantizar la salud y seguridad de la gente”, el gobernador ordenó la represión a la policía, que no pudo despejar el corte a pesar de provocar ocho heridos.

Enfermeras que se acercaron solidariamente a los trabajadores para establecer una posta sanitaria, comentaron que la policía había advertido al hospital local, unas horas antes, que prepararan insumos para atender heridos.

El gobierno decretó la conciliación obligatoria y luego reprimió.
¿Por qué el castigo es contra los trabajadores y no contra la empresa?

“La Nación ayuda a las provincias y por ahí se dice cada cosa”, afirmó Cristina, contestando al gobernador cordobés exmenemista, exduhaldista, exkirchnerista, ahora delasotista, José Manuel De la Sota, quien reclama fondos de la coparticipación, al tiempo que se ofrece como alternativa de la derecha peronista en la carrera electoral.

La ayuda fundamental que la Nación le da a las provincias, parece ser orientaciones en la crisis: recomendaciones de ajuste. El jueves 23 de agosto, los trabajadores estatales cordobeses fueron reprimidos cuando se manifestaban en contra de la reforma previsional. El titular de la ANSES, Diego Bossio, afirmaba que en Córdoba se cobraban jubilaciones de privilegio, y que la provincia debía “armonizar” con la Nación, eso significaba que no se pague allí ningún 82% móvil. Los trabajadores, entre los que se contaban muchos afines al gobierno nacional, fueron consecuentes con sus reivindicaciones y reclamaron contra el ajuste, lo que les costó una dura represión con heridos y detenidos.

La política de sintonía fina propuesta por el kirchnerismo comienza a encontrar resistencia entre los trabajadores. La utilización de la fuerzas coercitivas del Estado para descomprimir la protesta social parece volver al tradicional esquema represivo, luego del ensayo de enfrentar a trabajadores contra trabajadores, cuyo caso emblemático es el de la patota de la Unión Ferroviaria que afronta -en estos días- el juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, en octubre de 2010.

La crisis mundial, aprieta poco a poco a nuestro país. El gobierno nacional pide sintonía fina, pero para los trabajadores todos tienen lo mismo: munición gruesa.

La incertidumbre pasa por saber cuánto tiempo tolerarán las bases del kirchnerismo a los distintos socios del gobierno. ¿Se disciplinarán ellos a la paz decretada en las cúpulas del poder?