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Entre el miedo a la recesión, el default y el precio del dólar paralelo, y cual si fuera un nombre propio, una localidad, o un equipo de fútbol de amigos, volvió a ponerse en el centro del escenario la cláusula RUFO y los plazos que delimita. Pero ¿qué significa, a quiénes beneficia?

Argentina continúa su larga travesía para acceder con mayores facilidades a las inversiones internacionales, dando beneficios a los grandes capitales para cuantiosas inyecciones monetarias, y pagando una deuda que ha dado hartas pruebas de su carácter carroñero y fraudulento, como también de las perspectivas e intenciones del proyecto nacional para el país. En sí, las dos grandes reestructuraciones de deuda que se iniciaron por este gobierno, la del 2005, donde ingresaron el 76 % de los bonistas, y la más cercana, del 2010, donde el 93 % lo hizo, son un gran indicador de que Argentina no busca esclarecer ni contradecir los mandatos de la economía y las finanzas del mercado mundial, sino que se halla inmersa en una adaptación a las reglas internacionales, de la manera más competente posible, para la creación, tantas veces fracasada, de una clase empresarial que tome las riendas de la industrialización del país.

La cláusula RUFO no se encuentra muy lejos de esta perspectiva política, y esta mirada de crecimiento de la mano del capital internacional. Durante las negociaciones para el canje de la deuda, el Gobierno argentino, confiando en llegar a un acuerdo con todos los fondos buitres, presentó como aval y como demostración de su intención de pago la cláusula “Rights Upon Future Offers”, ésta, básicamente, pone un plazo determinado de antemano -en este caso hasta el último día del corriente año – para delimitar las condiciones de pago de la deuda argentina.

¿Qué significa esto? Si antes de la fecha límite, existe una mejor oferta del Estado Argentino para el canje de la deuda, los bonistas que ya ingresaron en el mismo tienen derecho a exigir y recibir las mismas condiciones de oferta superiores. Básicamente, brinda a aquellos fondos especulativos que ya se sentaron a negociar con el gobierno argentino qué quita y qué ganancia recibirían del canje de la deuda – se estima un promedio del 300% mayor al capital invertido en default- la posibilidad ante una mejor oferta a cualquier bonista de percibir la misma e iniciar nuevamente un proceso de negociación.

Entonces, si Argentina quiere y busca pagar, ¿Por qué pondría una cláusula que puede tirar abajo todas las negociaciones que viene realizando desde el 2004? La respuesta no se escapa de lo nombrado anteriormente, intencionalidad política, y perspectivas a corto y largo plazo de recepción de capitales extranjeros. La cláusula RUFO estuvo diagramada como un freno a los bonistas, y terminó siendo un tiro por la culata, transformándose en un dolor de cabeza para el oficialismo. Pensada para evitar que los fondos durante la negociación especularan con ingresar o no a la espera de mayores ofertas, se les otorgó una garantía única, recibirían todos un pago menor a su expectativa, mayor a su inversión y en la misma calidad que los demás bonistas.

Como indicó Cristina Fernández de Kirchner, durante la presentación de la Ley de pago soberano local de la deuda externa, que busca hacer ingresar al 100 % de los bonistas y cambiar la jurisdicción del pago, “que nadie diga que Argentina se niega a pagar: lo que se niega es a ser extorsionado”. Dichos polémicos, pero fuera de la realidad cuando se analiza el contexto de negociación de una deuda que paga el conjunto del pueblo argentino, pero fue contraída por unos pocos.

 

Se acerca Navidad

Desde mediados del mes de julio se especula sobre la caída de la cláusula RUFO, del fallo del Juez Griesa y del default, pero ¿por qué el fallo de un Juez estadounidense puede afectar las negociaciones argentinas?

La intervención del estadounidense es fundamental, de tener que cumplirse, puede ser interpretado como una mejor oferta, lo que generaría que los bonistas con los cuáles la negociación ya finalizó, se encontrarían en condiciones legales de reclamar el pago por el mismo monto, representando un costo estimativo de entre 120.000 y 500.000 millones de dólares inesperados.

Superada la fecha límite, e iniciado el 2015, Argentina estaría posibilitada a negociar con los buitres sin la presión de tener que desembolsar para todos los bonistas el mismo dinero que para aquellos que se encuentran en litigio con el Estado en la actualidad.

En este marco, lo sucedido en el G20, donde los mayores mandatarios de las potencias mundiales reunidas, se encargaron de hacer una crítica -no tan explícita, no tan concluyente- a la actividad de los fondos buitres y el rol de la justicia estadounidense, debe verse como el intento político de Argentina de hacer tiempo hasta que la cláusula caduque. En ese sentido, el gobierno argentino, ha lanzado directos e indirectos pedidos de ayuda a los fondos, y organizaciones internacionales en busca de respaldo, que permitan alivianar la presión para llegar al 2015 y sentarse a negociar más relajados.

 

¿Y después de las fiestas?

Argentina es un pagador serial, ya lo hemos demostrado históricamente y ya lo han dicho varios de nuestros representantes. Si la búsqueda de tiempo del Gobierno resiste, como podemos suponer que lo hará, hasta el 1 de enero del 2015, el panorama será diferente.

Pero esa diferencia no radica en un cambio real ni radical, porque las ganancias de los fondos de especulación los pagaremos de igual manera, y aquellos buitres que quedaron adentro de las condiciones de las primeras dos negociaciones recibirán cuantiosas regalías a costa del padecimiento y el pago de todos los argentinos. Sí será diferente para la travesía de quienes nos representan, y las condiciones con las que podrán sentarse a negociar con los buitres. Todo indicaría que más allá de las consignas y de los tratamientos discursivos de los militantes del kirchnerismo, la línea que nuevamente predominará será la que efectivamente realiza el Ejecutivo, pagar o pagar.

A partir de enero, el oficialismo estará en condiciones financieras y legales de sentarse a negociar con los fondos que no aceptaron el canje anterior, las condiciones de la cancelación de la deuda y un pago mayor al que recibieron hasta ahora. En ese marco, se habilitará con mayor eficacia la posibilidad del país de encontrar acuerdos que inserten a la economía con aún más fuerza en el mercado internacional, y permitan acceder a mercados de crédito con tasas bajas e inversiones de capitales multinacionales.

 

Buscar otro escenario no es esperar que caiga la RUFO

Como hemos remarcado una y otra vez en nuestras notas, el pago de la deuda, y esperar que la cláusula RUFO caiga, continúa siendo una opción política que oculta y niega la naturaleza fraudulenta de la deuda contraída per se. Desde la presidencia de Avellaneda en adelante, el discurso hacia la deuda ha ido casi siempre a contramano de lo realizado, y honrar la deuda ha sido, para la clase política argentina, una cuestión principal y trascendental. En el medio de toda esta pantalla, siempre los que han pagado, y sufrido las penurias de la misma, han sido el trabajador y la trabajadora.

Más allá del fallo del Juez Ballesteros, absolutamente ignorado, y que otorga un primer sustento legal al denunciar el fraude de la deuda, y la complicidad y el rol de los privados y los fondos internacionales en el incremento de la misma, el Estado debería dejar de llamar a la unidad latinoamericana sólo desde lo discursivo, y hacerse cargo de la realidad. En este punto, y como soluciones inmediatas se podría: por una parte imitar el tratamiento de la deuda que llevó el gobierno de Ecuador, y por otra, retomar la iniciativa venezolana del Banco del Sur, que sería un inicio, contundente y fundamental, para poder lograr recuperar parte de la Soberanía Nacional regalada.

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