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El denominado sinceramiento económico no es más que el mantenimiento de la ganancia de las empresas de servicios que durante el kirchnerismo provenía de los subsidios, y ahora lo paga directamente el pueblo trabajador.

La matriz energética de nuestro país es enormemente dependiente del gas y el petróleo, que constituyen alrededor del 87% del combustible consumido para producir energía. En 1970, ese porcentaje era del 89%. En 46 años, nuestra dependencia de los hidrocarburos apenas se redujo un 2%. Sí varió el porcentaje de consumo de gas natural, pero en detrimento del petróleo, pasando en el mismo período del 18 al 54%, mientras que el oro negro cayó del 71 al 33%. En tanto, la participación de las energías renovables apenas se incrementó del 11 al 13%.

El extraordinario aumento de la participación del gas en la matriz se explica porque no sólo se consume en los hogares y comercios para calefaccionarse y cocinar, sino en las industrias y en las centrales térmicas generadoras de electricidad. El grueso de la energía eléctrica se produce en base a gas natural, en las centrales tradicionales y en las más modernas de ciclo combinado. Por eso, los costos de producción de energía eléctrica están también determinados por el valor del gas en boca de pozo.

A esto hay que agregar el doble efecto causado por la desaparición del ferrocarril y su desplazamiento por el camión y el ómnibus de larga distancia, y la introducción del GNC como combustible.

Por eso es que la razón final del tarifazo se encuentra en el aumento del precio de gas en boca de pozo, que el Estado otorgó a las empresas productoras en febrero. Argentina produce el 70% del gas que consume e importa el resto. El gas importado parece tener la doble virtud de ser barato y de ofrecer posibilidades de buenos negocios (el gas boliviano orilla 3 dólares por millón de BTU -la unidad de medida del gas natural- y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) proveniente de otras regiones del mundo como Noruega o Qatar, regasificado en las plantas de Bahía Blanca y Escobar, alcanza los 6 dólares). Tal el caso de la conocida gestión del ministro Aranguren en favor de sus ex patrones de Shell, a la hora de importar vía Chile GLP regasificado en el país trasandino a casi 9 dólares el millón de BTU.

Ya el kirchnerismo había establecido en sucesivas actualizaciones, en 2012 y 2014, un precio a boca de pozo de 7,5 dólares por millón de BTU para el “gas nuevo” (el gas producido en pozos abiertos después de 2014), mientras que el precio a boca de pozo del “gas viejo” se ubicaba en 2,3 dólares. Macri y Aranguren no tocaron el precio del gas nuevo, pero elevaron a casi 5 dólares el precio del gas viejo. Es esa duplicación del precio en boca de pozo del “gas viejo”, que constituye más de las tres cuartas partes de la producción total, explica el exorbitante salto tarifario sin precedentes en la historia económica mundial.

Es falso que el aumento se explique como resultado de la quita de los subsidios. Los subsidios, en realidad, representaron bajo el kirchnerismo el instrumento con el que se aseguraban ganancias para las empresas privadas y, a la vez, tarifas baratas y congeladas para la población. Pero el mantenimiento de esta lógica dependía de la persistencia del superávit del comercio exterior, que proveyera divisas para alimentar semejante monstruo. La crisis mundial no podía más que liquidar ese superávit con la caída de los precios de las materias primas.

 

El problema es la ganancia

¿Es posible mantener los precios de la energía a niveles previos al tarifazo y a la vez suprimir los subsidios? Los propios datos que ofrecen los defensores del tarifazo indican que sí. En un trabajo de febrero de este año, la consultora ultraconservadora FIEL calcula en USS 160 mil millones los subsidios concedidos por el Estado argentino, en el período 2005-2015, para las empresas de servicios públicos. De estos, 112 mil millones corresponden al sector energético, 40 mil al transporte y apenas 8 mil a la estatizada AYSA. El efecto de esta “torta” de valor a nivel del desarrollo de la infraestructura es disímil: la capacidad de generación eléctrica prácticamente se duplicó en ese lapso, pero las reservas de gas y petróleo cayeron. ¿Cómo se explica semejante disparidad, cuando hemos visto que el grueso de la energía eléctrica se produce a base de gas natural? La respuesta es sencilla, y se encuentra en el agotamiento de las reservas de gas convencional (al igual que de petróleo) en nuestro país. El grueso del gas y el petróleo “nuevos”, deben ser extraídos mediante los costosos (además de contaminantes) métodos tight y shale. La generación de energía eléctrica, en cambio, puede funcionar con gas nacional o importado. Es lógico que, sobre la base de los precios de gas a boca de pozo que rigieron hasta 2012 (cuando se estableció la diferenciación entre gas viejo y nuevo), las inversiones se dirigieran a la generación de energía eléctrica y no a la exploración gasífera. El reciente aumento a 5 dólares para el gas viejo no hace más que emparejar las ganancias en toda la estructura productiva. Se trata de ofrecer al gas precios muy por encima de los precios medios del mercado mundial, de modo de hacer rentable la explotación de los costosos yacimientos no tradicionales.

El macrismo extiende de este modo al gas, lo que el kirchnerismo venía haciendo con el petróleo: se paga el barril a U$D 65, cuando los precios se han desplomado y se ubican alrededor de los U$$ 40, para estimular la inversión en los yacimientos explotados a base de fracking cuyo punto de equilibrio se encuentra alrededor de los U$D 70, por supuesto, a costa del pueblo trabajador. Pero: ¿cuál es el costo de producción de gas y petróleo, a boca de pozo? Según el directivo de YPF Daniel González, el costo por “barril equivalente” es de U$D 20,2 (incluyendo la amortización del capital invertido, impuestos y regalías provinciales), lo que representa U$D 0,13 para el litro de petróleo y U$D 3,24 para el millón de BTU.

Lo cierto es que, con un pico de 76% de demanda respecto a la capacidad instalada en 2013 y 2014, el sector eléctrico se encuentra en condiciones de abastecer el consumo en su totalidad. Es evidente el déficit en el terreno del transporte y la distribución, que se expresa en los frecuentes y prolongados cortes de luz que sufre la población, especialmente en Capital y Gran Buenos Aires: el negocio es producir energía eléctrica y venderla, no prestar un servicio al pueblo. Pero en modo alguno se puede sostener que los subsidios no han sido suficientes para cubrir el costo de las inversiones y garantizar las ganancias de las empresas a la vez. Tan es así que por ejemplo, ya suprimidos los subsidios, Pampa Energía (grupo nacional Mindlin, propietario de Edenor, Transener y de varias centrales térmicas) se arriesga a comprar Petrobras Argentina por U$D 750 millones.

 

Nota completa en edición impresa Mascaró #38, Noviembre – Diciembre de 2016.

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