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> Por Rafael Farace

Luego de las elecciones primarias el gobierno intentó mostrarse interesado en resolver algunos problemas acuciantes de la economía y reunió en tres oportunidades a dirigentes empresarios y sindicales para escuchar sus propuestas. Los dos últimos encuentros fueron aprovechados por la Presidenta para anunciar reajustes impositivos que responden a reclamos de los trabajadores asalariados e independientes para modificar y actualizar el impuesto a las ganancias y el monotributo. De esta manera se pretende recuperar parte del apoyo perdido desde las elecciones de 2011, permitiendo a estos trabajadores compensar algo del menguante poder adquisitivo, sin poner en cuestión la estructura impositiva.

¿Qué cambia a partir de septiembre?

A partir de septiembre tanto los monotributistas como los trabajadores que pagaban impuesto a la ganancia se verán beneficiados por una menor carga impositiva. Según datos oficiales, más de un millón de asalariados dejarán de pagar por ganancias y más de dos millones de monotributistas se verán beneficiados por los cambios anunciados.

En el caso del monotributo, la modificación consistió en duplicar los topes de facturación por cada categoría, pasando de 24 mil a 48 mil pesos anuales, por ejemplo, en la categoría más baja que incluye a casi la mitad de los monotributistas. Esto permite recategorizar a aquellos que han aumentado sus ingresos monetarios para pagar menos por este impuesto y blanquear sumas antes no declaradas para no tener que cambiar de categoría. En el caso del impuesto a las ganancias, mientras hasta septiembre los solteros debían pagar el impuesto cuando sus salarios brutos superaran los 6.939 pesos, ahora no deberán hacerlo hasta los 15 mil pesos. De esta manera que sólo un 10% de los empleados seguiría pagando por la “renta personal del trabajo” (SIC) y se concentraría en los segmentos de mayores ingresos, para quienes los anuncios no implicaron cambios significativos: aquellos que tengan un salario de más de 30 mil pesos seguirán con el mismo mínimo no imponible y con un descuento de 5 mil pesos o más al mes.

Estas modificaciones han sido muy bien recibidas por los trabajadores con mejores ingresos, puesto que significa un avance respecto al magro aumento del mínimo no imponible de principio de año y la invariabilidad del impuesto a las ganancias en 2012. También a los monotributistas el anuncio da cierto respiro ante un impuesto que viene creciendo aceleradamente, aunque tras la primera alegría aparecieron serios problemas para estos: la AFIP no modificó otros rubros que definen las categorías (superficie afectada, energía eléctrica consumida) y sólo dieron 15 días para cambiar de categoría, de manera que de no poder hacerlo deberán esperar a enero para aprovechar los recientes cambios.

Por otra parte, los cambios en el impuesto a las ganancias aún están lejos de hacer de este impuesto un gravamen equitativo. Un reciente estudio publicado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, da cuenta de que desde 2002 las ganancias empresarias crecieron mucho más que los salarios, pero que fue durante los gobiernos de Cristina Fernández que el Estado comenzó a apropiarse de una porción creciente de la riqueza social producida por los trabajadores a través del impuesto a las ganancias. Mientras que durante el gobierno de Néstor Kirchner el mínimo no imponible fue aumentando por encima de los niveles de inflación, entre 2007 y 2011 la inflación es superior al aumento del mínimo y en 2012 éste directamente no es modificado. Por esta razón cada vez más trabajadores debieron comenzar a pagar este impuesto perdiendo de esta manera una parte importante de sus ingresos: mientras que durante los gobiernos de Menem sólo el 3,4% de los trabajadores pagaba este impuesto, luego de los anuncios seguirán pagándolo el 10,2% de los asalariados. Por eso en este contexto, la reciente medida está lejos de restituir la pérdida acumulada por la no actualización del mínimo en 2012 y no alcanza a revertir la creciente apropiación estatal del salario de los trabajadores. Y el salario no es ganancia.

Un problema de caja

El gobierno manifestó desde un principio que el único reparo para modificar el impuesto a las ganancias era no generar más dificultades a la caja del Estado, que a pesar de los records en recaudación sólo se mantiene equilibrada por las transferencias del Banco Central y la ANSES. De no ser por los insistentes reclamos de los trabajadores y la derrota electoral de agosto, raramente se hubieran preocupado por las tan mentadas “fuentes alternativas de financiamiento” para instrumentar los cambios recientes.

En este marco Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial, afirmó que “a los trabajadores hay que sacarles el Impuesto a las Ganancias, mientras no lo pague yo”. Desde el gobierno se criticó al dirigente empresario por irresponsable, pero se tomó nota de la advertencia postergando algunos debates de fondo y privilegiando las buenas relaciones con sus históricos aliados. Se llega así a la eliminación de algunas exenciones al impuesto a las ganancias que entusiasmaron al diputado oficialista Héctor Recalde: “Por primera vez se comienza a gravar la renta financiera”, dijo, y echó más tierra sobre algunas propuestas más radicales de reforma tributaria.

De los elementos con que se define la renta financiera, se eliminaron las exenciones a la compraventa de títulos y acciones que no cotizan en la Bolsa y a la distribución de utilidades, sin tocar los intercambios de acciones que cotizan en Bolsa que generalmente se vinculan a grandes empresas, además de los títulos públicos y los depósitos. O sea, sólo una parte menor de la renta financiera comenzará a ser gravada con el impuesto a las ganancias. Por otra parte, al incluir estos rubros de la renta financiera, se les dio un tratamiento especial con alícuotas que no superan el 15% cuando para el resto el impuesto a las ganancias tiene tasas crecientes que llegan al 35% según los ingresos. Además se sigue eximiendo a las herencias, a las clínicas y escuelas de instituciones religiosas y a los funcionarios del poder judicial.

Los debates relegados

Entre urgencias y conveniencias las propuestas de reforma tributaria son sistemáticamente excluidas. Un breve panorama de la estructura impositiva nos permitirá ver dónde se encuentran los problemas.

Según un informe presentado en 2011 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 51,7% de la recaudación impositiva de nuestro país se basa en impuestos al consumo, mientras que en el promedio de países más desarrollados que conforman esa organización esos impuestos representan sólo el 31,3% de sus ingresos. Contrariamente, los impuestos sobre la renta y las utilidades representan sólo el 16,2% para nuestro país y 33,2% para los de la OCDE, a la vez que en Argentina los impuestos sobre la propiedad pasaron de representar el 12,7% en 1990 al 9% en 2010. Estos datos dan cuenta del carácter fuertemente regresivo de la estructura impositiva de nuestro país, lo cual se explica en gran medida por las altas tasas de los impuestos al consumo, en especial el IVA, que encarecen por igual todas las compras de todos los sectores sociales mientras las empresas y los empresarios tienen sus privilegios.

El IVA alcanzó la tasa máxima que sigue hoy vigente en 1995. Un año antes Cavallo había recortado sustancialmente las cargas patronales. Estas herencias de los 90 parecen intocables.

Mientras que hasta 1994 las contribuciones patronales representaban el 33% de los ingresos al sistema de seguridad social, para 2012 estas representaron el 15,3%. Según un análisis de los economistas de La Gran Makro, de restituirse los niveles de aportes a los de 1994, el Estado nacional recuperaría más de 115 mil millones de pesos anuales que hoy no cobra por aquel beneficio concedido a los empresarios. Este monto es más que significativo, teniendo en cuenta que la suba del mínimo al impuesto a las ganancias le resta casi 14 millones de pesos por año al Estado, mientras que la eliminación de algunas exenciones a la renta financiera sólo aportará 5.500 millones. De manera que la restitución de los aportes patronales permitiría financiar gran parte del costo fiscal que representaría la eliminación del impuesto al salario y la eliminación del IVA para bienes de primera necesidad.

Seguramente gran parte del pueblo apoyaría este tipo de medidas, y sin embrago es probable que no las encontremos entre los anuncios preelectorales, puesto que al hacerlo el gobierno dejaría de lado ese juego a dos puntas en el que reparte sonrisas a diestra y siniestra para tomar partido sólo por una parte de los argentinos: los trabajadores.

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