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> Por Julio Gambina*

*Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor Titular de Economía Política, UNR. Miembro del Comité Directivo de CLACSO.

En el 159° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Presidenta Cristina Fernández anunció la reglamentación de la Ley de Oferta pública (Ley 26.831), modificada recientemente y que reemplaza un ordenamiento legal que regía desde la dictadura de Onganía en 1968.

El objetivo de aquel régimen legal es imposible de disociar respecto del propósito sustentado por la dictadura de los monopolios desde el golpe de 1966, renovado y actualizado en 1976 e institucionalizado en la década del 90. La finalidad de la política económica en aquellos años estaba orientada a modificar sustancialmente el patrón de acumulación derivado de la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) promovida desde los años 20 y  30. La extranjerización era un objetivo que se verifica en las estadísticas actuales. Según una investigación de Eduardo Basualdo y Martín Schorr, de las doscientas mayores empresas del país, en 1991 cincuenta y seis eran extranjeras, trepando a noventa y seis en 2001 y a ciento quince en 2010.

Sea por la legislación relativa al mercado de capitales del 68, o la legislación de inversiones externas de la dictadura genocida en el 77, la inspiración pasaba por la dependencia y extranjerización de la economía local en momentos de ofensiva de la transnacionalización capitalista a escala global. El sentido apuntaba a obtener inversiones de capitales excedentes en el mercado mundial y así generar el proceso productivo local insertando a la Argentina en el sistema mundial transnacionalizado en pleno proceso de expansión a la salida de la crisis de los años 70.

El propósito de modificación del orden económico social fue demorado una década, del 66 al 76, como consecuencia de la lucha de los trabajadores y el pueblo en esos años. La reestructuración de la economía, el Estado y la sociedad recién fue realidad con Martínez de Hoz y sus colaboradores inspirados en la escuela monetarista de la Universidad de Chicago en EEUU. Sus consecuencias aún se hacen sentir en nuestros días, entre otras cuestiones con la legislación financiera y el régimen de inversiones externas, instrumentos legales asociados al desarrollo del mercado de capitales y la inserción subordinada de la Argentina en el capitalismo mundial.

Objetivos del mercado de capitales

La función del mercado de capitales apunta a generar las mejores condiciones para la captación de recursos por el sector empresarial de la economía. Además del sector bancario, que oscilaba entre nacionalizaciones (1946 y 1963) y desnacionalizaciones (1955 y 1966) de los depósitos, se buscaba en 1968 estimular la tradicional actividad bursátil. Con la reforma financiera de 1977 se consolidaban los instrumentos para alimentar el mercado de capitales. Una actualización importante y relativa al mercado de capitales se produjo en 1994, con la reforma previsional. El motivo esgrimido por Cavallo y Menem apuntaba a que sean los trabajadores con sus aportes y retenciones los que generaran una masa de financiamiento para la promoción de la iniciativa privada. Así surgieron las AFJP, que no tuvieron el monopolio de la actividad por imperio de la lucha de trabajadores activos y pasivos, quienes arrancaron la convivencia del sistema de reparto con el régimen privado de capitalización. La estatización en 2009, además de financiar el Estado, sirve para impulsar el capital privado y el mercado de capitales: Se estima que un 14% de los fondos previsionales aportados por los trabajadores están orientados en el financiamiento del sector productivo privado.

Con la nueva legislación y su reglamentación presentada en la Bolsa de Comercio se apunta a una mayor participación del Estado en el contralor de las actividades asociadas al mercado de valores. Es una iniciativa convergente con similar accionar en el sistema mundial luego de la crisis iniciada entre 2007 y 2008, la que afectó la valorización de títulos y acciones en el sistema capitalista. En el sistema capitalista, especialmente entre los países más desarrollados, se impone la creciente intervención estatal para estimular el nivel de actividad económica, que se encuentra menguado por impacto de la crisis mundial.

Especialmente EEUU empuja inyecciones millonarias de recursos todos los meses para sostener el funcionamiento del sistema. La compra de títulos y bonos es de 85.000 millones de dólares mensuales, operatoria que sostiene desde septiembre del 2012 y que antes se pusiera en práctica entre noviembre del 2008 y marzo del 2010, para retomarla entre noviembre del 2010 y junio del 2011. Ahora se anuncia que la operación puede finalizar antes de fines del 2013. Queda claro que el Estado interviene en el mercado de títulos y acciones para el salvataje del sistema en crisis.

Mayor intervención estatal o nuevo modelo de desarrollo

La nueva ley y su reglamentación apuntan en el sentido de ampliar las facultades de la Comisión Nacional de Valores y restringir los “beneficios” fiscales y de contralor en manos de la Bolsa. Se pretende favorecer el acceso de inversores de menor cuantía y fortalecer la captación de recursos por parte de los empresarios que cotizan en Bolsa. Algo que critican los sectores hegemónicos es la capacidad de designar veedores por parte del Estado en salvaguarda de las inversiones estatales en el sector privado, puesto que temen las intervenciones del Estado en sus empresas. Critican que esto puede afectar el “libre mercado”, como si fuera posible la libertad de mercado en condiciones de monopolio y transnacionalización de la economía.

La expectativa gubernamental apunta a consolidar y ampliar un mercado de capitales para el esquivo financiamiento de la actividad productiva. No aparece la Argentina como destino privilegiado de inversiones externas, y en la plaza local parece haber más interesados en el dólar que en “acciones y bonos”. Las medidas apuntan en el sentido del acuerdo entre YPF y Chevron que aporta algunos dólares como inversión productiva. Son medidas en el camino de los bonos ofrecidos por YPF a pequeños inversores, por ahora exitosos aunque con cifras menores que no alcanzan (tres emisiones de 1.000 millones de pesos) para abordar las inversiones necesarias estimadas en 35.000 millones de dólares en cinco años. La idea es orientar la inversión hacia la producción, para intentar incidir sobre el nivel de actividad económica y que no se desacelere, tal como ocurrió en 2009 o 2012. Es el mismo sentido de la utilización de los fondos previsionales administrados por la ANSES. Existen inversiones productivas de los fondos previsionales por unos 30.000 millones de pesos, sobre un total de 215.000 millones de pesos (datos a septiembre de 2012). En ese sentido actúa la obligación a los bancos para destinar un pequeño porcentaje de los depósitos para préstamos a pequeñas y medianas industrias. La idea es completar la presión sobre las aseguradoras para destinar una parte de fondos en seguros, los que intentan valorizarse invirtiendo en títulos públicos, plazos fijos, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, acciones y ahora en proyectos productivos e infraestructura.

El objetivo apunta a mantener en actividad y con crecimiento al régimen capitalista de producción en el país, el que se encuentra afectado en la coyuntura por la desaceleración del 2012 y un leve repunte para el 2013, en condiciones de desaceleración económica mundial. Aunque esas inversiones consoliden la extranjerización y la dependencia, la depredación de los recursos naturales y la primarización de la economía. El problema que no se discute es relativo al tipo de producción que se debe promover, realizada por quiénes y con qué fin. Es algo que no debe quedar librado a las fuerzas del mercado, aún con mayor regulación estatal. La inversión en el capitalismo tiene por objeto la búsqueda de la ganancia. El interrogante es si hacen falta más estímulos favorables a la ganancia o discutir otro rumbo de la inversión productiva para otro modelo de desarrollo más inspirados en el vivir bien o el buen vivir que promueve el nuevo constitucionalismo andino.

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