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Periódicamente aparecen noticias señalando el crecimiento de las exportaciones o en la recaudación de impuestos. Esos números aparentemente positivos tienden a ocultar un patrón de producción con elementos altamente regresivos. El mismo se articula a un estructura económica apoyada en la superexplotación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo. Si bien, a través del neoliberalismo esa estructura se consolidó en los países de Suramérica, en la Argentina sus rasgos negativos alcanzan ribetes extraordinarios.

Desde esa base, en los países del ALBA, pueblos y gobiernos populares hacen esfuerzos por apuntalar procesos de transformación poscapitalista que permitan superar y desplazar esos fundamentos. Por el contrario, en Argentina desde 2002 el kirchnerismo ha tomado como punto de partida las tendencias y estructuras creadas en el neoliberalismo (1975-2001) pero las aprovecha para avanzar en un proyecto de las clases dominantes: un capitalismo neodesarrollista. Utiliza los resultados del neoliberalismo para montar una estrategia favorable a las necesidades de las más grandes empresas del país (en su mayoría extranjeras) en un intento de garantizar las condiciones que les permitan acumular más ganancias.

Superexplotación y saqueo, los pilares del modelo

Ese proyecto se apoya en dos pilares fundamentales. Por un lado, la superexplotación de la fuerza de trabajo. Esto quiere decir, que una parte importante de los/as trabajadores/as en Argentina están cobrando salarios que se encuentran por debajo de la canasta familiar: más de la mitad de la fuerza de trabajo asalariada gana menos que esa canasta, que hoy se encuentra en torno a los 8000 pesos mensuales. En Argentina, una gran cantidad de personas no solo gana menos de lo que produce con su trabajo (es decir, es explotada) sino que gana menos de lo que necesita para vivir dignamente (es decir, es super-explotada). De allí que una porción significativa de las ganancias empresariales sean resultado de este proceso que les permite apropiarse de una porción excesiva (aún dentro del capitalismo) de la riqueza creada: los empresarios se quedan con el 65% del valor creado por el pueblo trabajador. ¿Cuál es la causa principal de esta situación? La precarización del empleo que desprotege a los trabajadores y trabajadoras y reduce su poder de negociación frente a las empresas. Hoy más del 50% de los trabajadores del sector privado se encuentra en alguna forma evidente de precarización. Si bien la precarización del empleo se generalizó a través del neoliberalismo, en el neodesarrollismo las grandes empresas la perpetúan y reproducen a escala ampliada. Para colmo, esta situación es favorecida por el Estado que es el principal precarizador del empleo, a través del uso de cooperativas o subcontrataciones irregulares, y de formas de contratación temporarias que se extienden a más del 70% de la planta de personal en algunas dependencias.

En segundo lugar, la economía argentina funciona sobre la base de la superexplotación (o saqueo) de la naturaleza. Esto significa, que una gran proporción de la riqueza social surge de la utilización no sustentable de las riquezas naturales o bienes comunes. Esas riquezas naturales (agua, tierra fértil, minerales, etc.) son convertidos en recursos naturales al ser explotados productivamente por parte de grandes corporaciones o por el propio Estado (a través de YPF, por ejemplo). En el caso de la Argentina, esa utilización se traduce en saqueo de las riquezas por dos motivos fundamentales. Por un lado, buena parte de la riqueza extraída se destina directamente a la exportación (prácticamente la totalidad de la soja y el oro producido) sin tener en cuenta las necesidades productivas y de consumo del pueblo. Por otra parte, los procesos de explotación de las mismas se basan en técnicas de alto impacto socioambiental: consumo excesivo de energía y agua, utilización de insumos altamente tóxicos sin control (como el herbicida Round-Up), destrucción del hábitat natural por la vía de la dinamita (en el caso de la mega-minería a cielo abierto) y por la sobre-utilización de la tierra. Además, las empresas que controlan la mayor parte de estas actividades son grandes capitales transnacionales (tanto extranjeros, como Monsanto y Barrick Gold, como “nacionales”, como Grobocopatel) cuyo único interés es obtener las mayores ganancias posibles en el mínimo tiempo, sin considerar los costos sociales ni el respeto a los tiempos de reproducción de la Madre Tierra.

Está lógica de producción, impulsada desde el Estado, permite al conjunto de las mayores empresas que operan en Argentina obtener superganancias 50% superiores a las que obtenían en los noventa. Paradójicamente, a pesar de esos elevados niveles de rentabilidad, brillan por su ausencia su reinversión en la ampliación de la capacidad productiva, en el desarrollo de la tecnología o en la mejora en las condiciones de trabajo y remuneración. El gran capital prefiere fugar esos recursos o dilapidarlos en el consumo suntuario de sus propietarios y socios en el Estado. La consecuencia es la incapacidad de la economía de responder a las necesidades populares y consecuentemente multiplicar las presiones inflacionarias.

¿No hay alternativas? Más allá del neodesarrollismo, el Buen Vivir

Frente a la situación planteada, la posición hegemónica –defendida por el gobierno y por las fracciones dominantes del gran capital- es profundizar el camino emprendido promoviendo las obras de infraestructura ligadas al saqueo (puertos, carreteras, plantas de energía eléctrica) y expandiendo los subsidios directamente dirigidos a las grandes empresas. Las obras vinculadas a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana –IIRSA (como el Corredor Bioceánico Aconcagua; ver Mascaró 9) son un claro ejemplo. En esa misma línea, se articulan la política macroeconómica, industrial y agropecuaria, así como la política de ciencia y técnica, todas orientadas a mantener la “competitividad” (rentabilidad) del capital.

¿Pero no hay alternativas? Suele enfatizarse que no hay opciones, que lo racional es aprovechar las ventajas existentes (fuerza de trabajo barata y bien calificada, abundancia de riquezas naturales) para impulsar el desarrollo capitalista (es decir, el crecimiento económico). Poco se dice de los costos de esa estrategia, que como vimos son vastos y de largo alcance (afectando también a las generaciones futuras).

Sin embargo, muchas organizaciones populares de la Argentina y la experiencia concreta de los países del ALBA en la región, permiten delinear alternativas viables. Por un lado, marcan la necesidad de poner en discusión el modelo de producción extractivista basado en el saqueo. Ello requiere racionalizar la producción minera y agroalimentaria, adaptándola a las necesidades del conjunto del pueblo (suspendiendo algunas producciones como la de oro, o redireccionando el uso de la tierra, por ejemplo, reduciendo la producción sojera a favor de otras alternativas) y teniendo en cuenta las demandas de las poblaciones directamente afectadas. Por otra parte, la nueva ley orgánica del trabajo (LOT) venezolana es un nuevo paradigma para la defensa de los derechos de los/as trabajadores/as en el empleo, pues prohíbe la tercerización precarizadora y garantiza un adecuado derecho al descanso y la formación en el trabajo, entre otros derechos. Además, es necesario repensar el patrón de consumo y producción de energía, a los fines de acotar el uso de energía en el consumo y la producción de bienes y servicios (por ejemplo, menos autos, más transporte público, más bicicletas), y de redefinir la matriz energética hacia alternativas renovables compatibles con las necesidades de la naturaleza. Finalmente, el Estado debe redireccionar los subsidios al capital para promover la inversión productiva con fines de satisfacer las necesidades del conjunto del pueblo y reducir (entre otras formas, por la vía impositiva) el consumo suntuario, que no sólo desvía recursos de destinos socialmente más importantes, sino que alimenta la inequidad social.

Tal vez, con la excepción de Cuba, ningún país del mundo escape hoy a la carga de la superexplotación del trabajo y la naturaleza, pero las diferencias nacionales en la región Suramericana no son menores: están quienes se la aprovechan para el beneficio de unos pocos (como en Argentina) y, por otra parte, aquellos que buscan reducir su incidencia buscando el Buen Vivir de sus pueblos, preservando la vida del planeta y de la especie humana.

*Economista. Profesor UNLP. Investigador CIG-IdHCS/CONICET-UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.

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