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En el año 2000, el juez federal Jorge Ballestero dictó sentencia sobre las irregularidades de la deuda externa argentina, tomando como evidencia       una investigación de Alejandro Olmos (padre). Aquí, algunos de los elementos   que dan cuenta de una estafa que se sigue pagando religiosamente.

El golpe militar del 24 de marzo de 1976, permitió que el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, integrante del Consejo Asesor del Chase Manhattan Bank, prominente directivo de Acindar y de la Compañía Italo de Electricidad, elaborara un proyecto económico sometido a la Junta Militar, que además de producir una importante transnacionalización de empresas nacionales, y el descomunal quebranto de muchas de ellas, llevaría la deuda externa a crecer de 8000 millones de dólares a 45.000 a diciembre de 1983, cuando asumió Raúl Alfonsín.

Se utilizaron procedimientos de ficción para endeudar a las empresas públicas, y así poder liquidarlas en el futuro, como a la Comisión Nacional de Energía Atómica, Agua y Energía, YPF, Aerolíneas Argentinas, y una larga lista de empresas públicas, con matices verdaderamente escandalosos. Pero debemos consignar que era un endeudamiento nominal, porque los dólares iban a parar al Banco Central en todos los casos. Las empresas eran prestatarias del crédito externo, pero no eran usuarias ni usufructuarias del mismo.

En la investigación de la deuda de la dictadura llevada a cabo por el Juzgado Federal N° 2, se pudo determinar: a) Que con fondos del Tesoro Nacional, se cancelaron obligaciones externas de varias empresas privadas en distintas monedas. b) Que ni el Banco de la Nación Argentina ni el Banco Nacional de Desarrollo, como entidades financieras que tomaron a su cargo los aspectos operativos, iniciaron actuaciones para el recupero de las sumas pagadas por el Estado, ni se acogieron al beneficio de la excusión. c) Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos no inició las acciones judiciales correspondientes para obtener el recupero de las sumas que afrontara el Estado, respecto a empresas como Acindar, Autopistas Urbanas, Covimet, Parques Interama, Aluar, Papel Prensa, Induclor, entre otras. d) Que existieron avales otorgados en contratos, en los que se debían establecer garantías reales sin haberse efectuado los correspondientes estudios técnicos y financieros, y sin haberse extremado los debidos recaudos antes del otorgamiento del aval. d) En una numerosa cantidad de casos se desconocía el destino de los fondos. e) Estaba probada la realización de acciones ilegales e ilícitas.

Los resultados económicos de la gestión dictatorial fueron catastróficos: una deuda que trepó de 7.800 millones de dólares a casi 45.000, que sólo fueron utilizados en la especulación y operaciones de destino incierto; quebranto de numerosas empresas nacionales, desocupación, caída de la inversión pública. El Banco Mundial indicaría que el 44% se fugó del país, el 33% fueron utilizados en pagar intereses, y el resto sirvió para comprar armamentos y realizar importaciones no registradas.

Se produjo una descomunal fuga de capitales producto de la evasión, que permitió transferir una enorme riqueza al exterior. Se calcula que la Argentina, junto a 14 países del tercer mundo fugó al exterior más de 300.000 millones de dólares, hasta 1987. Esa fuga continuó durante todos los gobiernos de la democracia, y a pesar de algunas investigaciones parlamentarias que se hicieron, como la llevada a cabo en el año 2002 por la Comisión Investigadora de fuga de capitales de la Cámara de Diputados, no se realizó ninguna acción legal contra los responsables, a pesar de haberse acreditado que gran parte de los capitales transferidos provenía de rentas no declaradas y en consecuencia no imponibles fiscalmente.

La deuda de la democracia

Durante la presidencia de Alfonsín la deuda siguió creciendo, debido a los constantes atrasos en los pagos, y una investigación sobre la deuda privada que se había realizado en el Banco Central fue archivada sin consecuencias. En dicha investigación se pudo probar que esa deuda asumida por el Estado en 1982, era la consecuencia de distintos fraudes cometidos por empresas como: Renault Argentina, Sideco Americana, Bridas, Cogasco, Ford Motor Argentina, Cargill, Textil Castelar, Sudamtex, Suchard, Fiat Concord, Petrolera Pérez Companc, Selva Oil, Techint, Alpargatas, Papel de Tucumán, IBM, Banco de Londres, Mercedes Benz, Alto Paraná, Bank of America.

Después de los desbordes hiperinflacionarios de fines del 89, asumió Menem la presidencia, y con Cavallo al frente del Ministerio de Economía, se negoció con los acreedores un plan completo para reestructurar la deuda que llegaba a 62.000 millones de dólares en 1992.

Siguiendo las indicaciones de Nicholas Brady, quien había sugerido un plan de rescate para la deuda con las instituciones financieras privadas, Cavallo a espaldas del Congreso, realizó una serie de conversaciones con un comité de bancos extranjeros integrado por el Bank of America, The Bank of Tokyo, The Chase Manhattan Bank, Chemical Banking Corporation, Credit Lyonnais, Credit Suisse, Dresdner Bank, Lloyds Bank, Marine Midland Bank, Morgan Guaranty Trust, The Royal Bank of Canada, The Sanwa Bank y liderados por el Citibank, llegándose a un acuerdo para efectuar una conversión de la deuda por un importe de 31.000 millones de dólares. Atenerse al Plan Brady significaba obtener una sustancial reducción de la deuda.

El contrato con el Citibank se firmó el 1 de enero de 1992, y casi en forma simultánea el contrato con J.P. Morgan, quien entregó el Plan Financiero en el mes de junio de ese año, ya acordado con los bancos acreedores. El gobierno se comprometió a privatizar el sistema jubilatorio, a privatizar todas las empresas públicas, modificar la legislación laboral y reducir los impuestos.

Además se permitía la compra de empresas públicas con bonos de la deuda, lo que llevó a que entidades financieras del exterior compraran activos con títulos adquiridos al 17% de su valor, pero a los que el Estado les reconocía su valor nominal.

El 4 de diciembre de ese año el Presidente Menem firmó el decreto 2.321 por medio del cual autorizó al Ministro de Economía a acordar con los bancos acreedores los términos del canje de parte de la deuda, que era de 23.000 millones de dólares en concepto de capital, y de 8.000 millones de dólares en concepto de intereses atrasados. Después de firmada toda la documentación, Menem la aprobó por decreto el 11 de marzo de 1993.

El Estado nacional fue puesto en total indefensión en los contratos que se celebraron y además de cláusulas lesivas al interés nacional sin antecedentes en convenios anteriores, se autorizó que los dictámenes legales de los abogados de la Argentina fueran preparados por los bancos extranjeros.

Desde el año 1994, hasta el año 2000 se pagaron en concepto de intereses de la deuda y amortizaciones 116.648 millones de dólares, y se emitieron bonos por 77.400 millones, cubriéndose el resto con fondos provenientes de préstamos otorgados por el FMI y el Banco Mundial. Es decir que se emitió nueva deuda para pagar la vieja deuda, la que siguió incrementándose hasta llegar a la suma de 145.000 millones de dólares al final del mandato de Menem.

Después de Menem

Durante la presidencia de Fernando de la Rúa, un fallido blindaje financiero no dio resultado alguno, y después de varios cambios de ministros, volvió Cavallo, quien realizó un megacanje de bonos, que significaron un perjuicio al país de 55.000 millones de dólares con lo cual la deuda siguió creciendo, hasta llegar a la presidencia de Kirchner a la suma de 171.000 millones.

En el año 2005 se reestructuró la deuda con un ahorro real de 25.000 millones de dólares, pero debido a que se emitieron para el canje de los títulos, bonos atados a la inflación en pesos, y bonos en dólares con un cupón atado al crecimiento del PBI, la deuda siguió creciendo, llegando al 30 de junio del año pasado a la suma de 220.000 millones de dólares.

De acuerdo a las cifras oficiales, la Argentina pagó desde 1982, hasta el año 2013, 400.000 millones de dólares, sobre una deuda original de 45.000, y debe aún más de la mitad de esa cifra, lo que pone en evidencia el real significado del sistema de la deuda que ningún gobierno se ha decidido a enfrentar, y que ha condicionado y lo sigue haciendo el desarrollo de la economía nacional.

Aunque oficialmente se sostiene que nos “hemos desendeudado” porque la deuda en relación al PBI que era de 160% en el año 2001, se redujo al 45%, se omite decir que el PBI actual es de 400.000 millones de dólares, mientras que el del 2001 era de apenas 90.000, por lo cual la deuda en términos absolutos creció. A esto debe agregarse, que se ha pagado a los acreedores extranjeros deuda fraudulenta con dinero de la ANSES, del Banco de la Nación, del Banco Central y de otras agencias del Estado, desfinanciándolas para privilegiar al capital extranjero.

La situación real del Banco Central está muy comprometida, debido a los pagos de la deuda, ya que tiene patrimonio neto negativo, y además una deuda cuasi fiscal que excede los 17.000 millones de dólares. Todo un símbolo de cómo opera el sistema en perjuicio del interés nacional.

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