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El gobierno afronta su segundo año de mandato entre el crecimiento del descontento popular y la necesidad de avanzar aún más violentamente en su plan de ajuste. El intento por maquillar la devaluación y las resistencias a la reforma laboral, los frentes a resolver en un año clave y electoral.

 

El reemplazo de Alfonso  Prat Gay rayando las navidades del año pasado es la señal de que el ala ultraortodoxa del gobierno, a la que pertenece el propio Mauricio Macri, ha resuelto hacerse cargo de la política económica en su totalidad. El desdoblamiento del ministerio en Hacienda y Finanzas y la designación de Nicolás Dujovne y Luis Caputo no hace más que “homogeneizar” el gabinete económico, en el que ya no quedan keynesianos, ni semi keynesianos, ni nada que se le parezca. No hay que interpretar en el mismo sentido la salida de Carlos Melconián del Banco Nación quien, ortodoxo con muñeca política, abandonó el cargo como consecuencia del conflicto por la paritaria bancaria.

Por supuesto que el “gradualismo” es nada más que la fase de “transición al shock”. La imposibilidad política de lanzar un plan de shock directo hace que deba buscarse un rodeo que termina finalmente en crisis, abriendo las condiciones políticas para el shock. En realidad, gradualista fue la política económica del “izquierdista” Axel Kicillof, que vino a poner fin al período más progresivo de la década kirchnerista: la fase hegemonizada por Guillermo Moreno. En esa línea, Prat Gay no hizo más que finiquitar la tarea iniciada por Kicillof en la resolución del problema del financiamiento externo. Pero, luego de eso, la influencia del ex ministro de Economía de Cambiemos se redujo, al punto que en el tarifazo (principal suceso económico de la segunda mitad del año pasado) brilló por su ausencia, y el proceso fue conducido directamente por el tándem Marcos Peña- Juan José Aranguren. Su reemplazo era pues, cuestión de tiempo.

Fuera de la devaluación, con su planificada consecuencia sobre los precios, las medidas respecto a retenciones y los problemáticos ajustes tarifarios, el macrismo no sólo no ha podido avanzar en las reformas estructurales que realmente desea imponer, sino que ni siquiera ha podido plantear cuestiones centrales de su proyecto, como la privatización de empresas públicas o del sistema jubilatorio. Para ello debe vencer un profundo rechazo social que abarca no sólo a sus opositores, sino a importantes franjas de sus votantes. Es verdad que la caída del salario real le ha permitido conseguir un importante abaratamiento de la fuerza de trabajo, pero esta recomposición de la tasa de ganancia es puramente formal o matemática en la medida en que no se vea acompañada de estabilidad económica. Por esta razón el gobierno sabe que debe realizar una reforma laboral que baje los costos de producción hasta “independizarlos” relativamente de los niveles de consumo y ventas en el mercado interno, hasta hacerlos competitivos a escala del mercado mundial. Es, por otra parte, el único camino para que lleguen las inversiones.La consecuencia de una política de este tipo, en caso de ser exitosa, sería la consolidación de una masa de población sobrante de proporciones cada vez mayores, nunca vista. La subsistencia de ese ejército de desempleados resultaría, por otra parte, relativamente barata, y el estado burgués se haría cargo de ella (en condiciones por supuesto miserables) sobre la base de una estructura fiscal cuyo peso recae, progresivamente, cada vez más sobre las clases trabajadoras.

 

Reforma laboral para superexlotar

El gobierno ya ha fijado abiertamente una pauta salarial del 18%, estirable al 20% como máximo, para el año en curso. Se trata de defender con uñas y dientes el abaratamiento de la fuerza de trabajo alcanzado en 2016.

 

Nota completa en edición impresa Mascaró #39, Marzo – Abril de 2017.

 

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